Redacción | Piedras Negras, Coah.- El accidente protagonizado por una patrulla de la Policía Municipal, en el que un ciudadano resultó lesionado de gravedad, escaló este lunes a un nuevo nivel de controversia luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara que el caso nunca fue puesto oficialmente a disposición del Ministerio Público, pese a tratarse de un hecho donde participó una unidad oficial y existieron personas heridas.
La situación quedó al descubierto cuando el delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Rodríguez Ríos, reconoció que la dependencia no tenía conocimiento formal del percance y que la única referencia existente provenía de videos difundidos públicamente. La revelación abrió cuestionamientos sobre la actuación de la corporación municipal, ya que cualquier hecho con posibles consecuencias penales o lesiones debe ser informado de inmediato a la autoridad ministerial para garantizar una investigación imparcial y el debido resguardo de las evidencias.
De acuerdo con la Fiscalía, todas las autoridades tienen la obligación legal de dar vista al Ministerio Público cuando existe la posible comisión de un delito, una responsabilidad que cobra mayor relevancia cuando quienes intervienen son elementos policiales. El delegado señaló que se solicitará información para conocer por qué el caso no fue reportado y bajo qué criterios se manejó internamente un accidente que involucró recursos públicos, servidores públicos y a un ciudadano afectado.
La omisión no es un asunto menor. Expertos en procedimientos judiciales advierten que cuando un hecho de tránsito con lesionados no es canalizado oportunamente a la autoridad competente, se corre el riesgo de alterar escenas, perder evidencia técnica y comprometer la reconstrucción objetiva de los acontecimientos. Además, cualquier eventual acuerdo entre las partes debe realizarse dentro de los mecanismos legales establecidos y no mediante arreglos ajenos a la intervención ministerial.
Mientras el Ayuntamiento ha sostenido públicamente que se hará cargo de los daños y de la atención médica derivada del accidente, la Fiscalía recordó que las administraciones municipales carecen de facultades para sustituir las funciones del Ministerio Público o determinar por sí mismas la conclusión jurídica de un hecho que pudiera derivar en responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales.
El caso adquiere mayor relevancia debido a que el propio Gobierno Municipal ha presumido durante meses una inversión histórica en materia de seguridad pública. Sin embargo, la discusión ya no gira únicamente sobre la conducta de los elementos involucrados en el choque, sino sobre la actuación institucional posterior al accidente. La pregunta que ahora busca responder la Fiscalía es por qué un hecho de esta magnitud permaneció fuera de los canales legales correspondientes y quién tomó la decisión de mantenerlo alejado del conocimiento ministerial.
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