Sheinbaum evade fondo del caso Sinaloa y se escuda en la soberanía
Redacción | Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura ante las acusaciones por narcotráfico que enfrenta el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios, pero lo hizo sin responder al fondo del problema: la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder. Desde Palacio Nacional, la mandataria reiteró que la Fiscalía General de la República actuará únicamente si existen pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana, evitando pronunciarse con firmeza sobre la gravedad de los señalamientos.
El posicionamiento presidencial se centró en una defensa reiterada de la soberanía nacional, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera públicos cargos contra los funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, la postura fue interpretada más como una reacción política que como un compromiso real con el esclarecimiento de los hechos, al poner en duda las motivaciones de las autoridades estadounidenses en lugar de exigir claridad a los implicados.
De acuerdo con la propia narrativa oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición y las turnó a la FGR, instancia que ahora deberá analizar si existen elementos suficientes para proceder. A la par, se anunció el inicio de una investigación interna, aunque sin plazos claros ni garantías de transparencia, lo que vuelve a encender dudas sobre la capacidad del gobierno federal para actuar con independencia en casos que involucran a figuras cercanas al poder.
Mientras tanto, las acusaciones presentadas en Estados Unidos apuntan directamente a una presunta red de colaboración entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas y armas. Pese a la magnitud del señalamiento, el discurso presidencial optó por minimizar el impacto político del caso, sugiriendo incluso que podría tratarse de un movimiento con tintes políticos, en lugar de asumir la responsabilidad de investigar a fondo posibles nexos del crimen con el aparato gubernamental.
El caso deja al descubierto una constante en la actual administración: el discurso de defensa de la soberanía como escudo ante cuestionamientos internacionales, pero sin una postura firme hacia adentro. Hoy, más que nunca, el país enfrenta un reto de credibilidad, donde la exigencia no es sólo jurídica, sino política: esclarecer si hay o no vínculos entre el poder y el crimen, sin rodeos ni evasivas.
