EU acusa a gobernador de Morena en Sinaloa por presuntos vínculos con el narco
Redacción | Ciudad de México.- Una nueva tormenta política golpea a Rubén Rocha Moya, luego de que fiscales de Estados Unidos presentaran una acusación formal en su contra por presuntos delitos de narcotráfico, junto a otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa. El caso, ventilado en una corte federal del vecino país, coloca en el centro del escándalo a un gobierno emanado de Morena, bajo señalamientos de colaboración directa con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento judicial, las autoridades estadounidenses sostienen que Rocha Moya y su círculo cercano habrían facilitado la operación del grupo criminal, permitiendo el tráfico de grandes cantidades de droga hacia territorio norteamericano. La acusación no es menor: incluye delitos relacionados con armas de fuego, protección institucional y el presunto uso del aparato gubernamental para beneficiar a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
El expediente va más allá de simples omisiones. Según Washington, los implicados habrían abusado de sus cargos para brindar cobertura al cártel, participar en actos de intimidación y, en algunos casos, incluso estar vinculados a hechos de violencia extrema. Entre los nombres señalados aparecen exfuncionarios clave en áreas de seguridad y finanzas, así como mandos policiacos que habrían tenido un rol activo dentro de esta presunta red de protección.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a la supuesta intervención del grupo criminal conocido como Los Chapitos en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya al poder en 2021. De acuerdo con la acusación, esta organización habría recurrido a la intimidación y al secuestro de opositores para inclinar la balanza electoral, lo que abre un nuevo frente sobre la legitimidad de su llegada al cargo.
Además, las autoridades estadounidenses aseguran que ya como gobernador, Rocha Moya habría sostenido reuniones con integrantes del cártel para pactar protección a cambio de respaldo político. De confirmarse estos hechos, el caso no solo representaría un golpe directo a la credibilidad del gobierno estatal, sino también a la narrativa de combate a la corrupción que ha impulsado Morena a nivel nacional.
El proceso judicial quedó en manos de la jueza Katherine Polk Failla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, mientras que en México el silencio oficial comienza a pesar. Hasta ahora, ni el mandatario ni autoridades federales han fijado una postura clara, en medio de un escándalo que amenaza con escalar a dimensiones internacionales y que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre política y crimen organizado en el país.
