Gobierno sale a defender a Rocha Moya y culpa a medios de linchamiento
Redacción | Ciudad de México.- En medio de la presión internacional y los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, el gobierno federal optó por cerrar filas en torno a Rubén Rocha Moya, argumentando que la solicitud de extradición desde Estados Unidos carece de sustento y fue manejada de forma incorrecta al hacerse pública.
Desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, sostuvo que el proceso debió mantenerse bajo estricta confidencialidad para evitar lo que calificó como un “linchamiento mediático”, responsabilizando a los medios de comunicación de generar un juicio anticipado sobre el caso y sobre las diez personas señaladas.
Sin embargo, más allá del discurso oficial, la postura deja más dudas que certezas. Mientras se insiste en la falta de pruebas por parte de autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano evita profundizar en los señalamientos y se limita a escudarse en el debido proceso, en un contexto donde la exigencia ciudadana apunta a transparencia y claridad, no a silencios institucionales.
Alcalde Luján explicó que, hasta ahora, no existen elementos suficientes para proceder con una detención o extradición, y que será un juez quien determine la validez de cualquier solicitud formal, siempre y cuando se presenten pruebas contundentes. También subrayó que la Fiscalía General de la República no ha emitido juicio alguno sobre la culpabilidad del mandatario sinaloense.
No obstante, el fondo del asunto sigue intacto. La defensa anticipada desde el poder federal, sumada a la descalificación de la prensa, vuelve a encender el debate sobre la relación entre política y justicia en México, donde los casos de alto perfil parecen resolverse más en el terreno del discurso que en el de la rendición de cuentas.
