Advierte Gabriel Elizondo riesgo para empleos en Coahuila por reforma aduanera

Redacción | Ciudad de México.- El senador Gabriel Elizondo Pérez votó en contra de la reforma a la Ley Aduanera y presentó una serie de reservas para evitar que las nuevas disposiciones afecten la operación de empresas, frenen inversiones y comprometan fuentes de empleo en Coahuila. Desde la tribuna, advirtió que endurecer los controles comerciales sin criterios suficientemente claros podría traducirse en mayores costos y obstáculos para los sectores productivos que cumplen con sus obligaciones fiscales.

El legislador sostuvo que el combate al contrabando, la corrupción y la evasión fiscal no debe convertirse en una carga adicional para las empresas legalmente establecidas, particularmente en entidades con una importante actividad industrial y fronteriza. Destacó que los cruces internacionales de Piedras Negras y Ciudad Acuña representan puntos estratégicos para el intercambio comercial y el sustento de miles de familias. “No podemos combatir el contrabando castigando a quienes sí trabajan, invierten y cumplen con la ley”, expresó.

Entre sus principales señalamientos, Elizondo cuestionó las modificaciones al artículo 151, que eliminarían el límite del 50 por ciento para determinados embargos precautorios, con el riesgo de provocar retenciones de mercancías por diferencias de valor, retrasos logísticos e incluso interrupciones en las líneas de producción. Por ello, presentó reservas a los artículos 144, 151, 154 y 177, encaminadas a evitar revisiones injustificadas, conservar garantías aduaneras y establecer límites que brinden mayor certeza jurídica a las empresas.

El senador reconoció las condiciones de seguridad y estabilidad económica impulsadas en Coahuila por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y consideró indispensable proteger la confianza empresarial construida en la entidad. Asimismo, reiteró su disposición a respaldar una legislación que cierre espacios a la ilegalidad, pero que incorpore las observaciones de cámaras empresariales y especialistas para impedir que las medidas contra el contrabando terminen perjudicando la competitividad, las inversiones y el empleo formal.