
Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- Aunque aseguró que no estaría de acuerdo con un eventual retorno de Lorenzo Menera al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el alcalde Jacobo Rodríguez reconoció este lunes que la posibilidad legal continúa abierta y que la determinación final dependerá de lo que resuelva la Contraloría Municipal.
Durante su conferencia matutina, el edil fue cuestionado sobre las versiones que han circulado en torno a un posible regreso del exgerente del organismo operador. Rodríguez González señaló que actualmente no existen elementos oficiales para confirmar o descartar ese escenario y reiteró que será la autoridad interna de control la encargada de definir el rumbo del procedimiento. “Si el contralor dijo que existe esa posibilidad, entonces es posible. Yo no soy el contralor”, respondió.
No obstante, el alcalde dejó clara su postura personal al señalar que estaría en desacuerdo con un eventual retorno de Menera Sierra a la gerencia del SIMAS. “Por supuesto que no. Tenía 40 trabajadores aviadores; sería un peligro para SIMAS que regresara Lorenzo Menera”, declaró al referirse a las acusaciones que la actual administración ha sostenido desde que tomó el control del organismo.
Por su parte, la asesora jurídica del municipio, Ariana García, informó que existen dos denuncias penales presentadas. La primera está relacionada con un presunto desacato a una orden de suspensión emitida por la Contraloría, mientras que la segunda se refiere a posibles irregularidades derivadas de la administración del organismo, incluyendo la negativa de entregar dispositivos electrónicos, accesos digitales y herramientas vinculadas con cuentas institucionales. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no existe una respuesta concreta por parte de las autoridades.
A más de un mes de que el Ayuntamiento asumió el control del SIMAS, las acusaciones públicas contra la gestión anterior continúan sin traducirse en avances visibles dentro de las carpetas de investigación. Mientras el gobierno municipal insiste en señalar presuntas irregularidades, las denuncias siguen sin resultados conocidos y sin que se hayan dado a conocer nuevas acciones legales de mayor alcance. El escenario mantiene abierta una interrogante inevitable: si las pruebas son contundentes como se ha afirmado públicamente, ¿por qué los procedimientos no han mostrado avances que permitan fincar responsabilidades?



