Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- La persistencia de agua turbia, con sedimentos, arena y una coloración que en numerosos sectores de Piedras Negras ha sido descrita por los propios usuarios como «color tamarindo», ha dejado de ser únicamente un problema de imagen o de prestación deficiente del servicio. Hoy representa un posible riesgo sanitario para cerca de 200 mil habitantes y para miles de establecimientos que dependen diariamente del suministro de SIMAS. Hospitales, escuelas, restaurantes, tiendas de autoservicio, industrias, comercios y más de 66 mil hogares continúan utilizando agua cuya calidad ha sido ampliamente cuestionada desde hace semanas, sin que exista una solución definitiva por parte de la administración municipal.
Las lluvias extraordinarias registradas en la región norte y el incremento histórico del caudal del río Bravo afectaron la infraestructura del organismo operador. Sin embargo, la contingencia natural no explica por sí sola que, después de varios meses de problemas, la ciudadanía continúe recibiendo agua con altos niveles de turbidez. El propio Ayuntamiento reconoció recientemente que la creciente impactó la operación de la planta potabilizadora, pero las quejas no comenzaron con este episodio. Desde hace meses, colonias enteras reportan agua con sedimentos, malos olores y una apariencia que dista de ser apta para el consumo humano.
La situación cobra mayor relevancia porque el servicio no abastece únicamente a viviendas. Restaurantes, cafeterías, hospitales, consultorios, escuelas, guarderías, hoteles, fábricas y comercios utilizan diariamente esa agua para preparar alimentos, lavar utensilios, realizar labores de higiene y atender a miles de personas. En estas condiciones, la permanencia del problema trasciende una falla administrativa y coloca sobre la mesa la necesidad de una evaluación sanitaria independiente que determine si el agua cumple realmente con las normas para uso y consumo humano.
La preocupación aumenta en un contexto donde las autoridades sanitarias mantienen vigilancia permanente por enfermedades gastrointestinales que afectan distintas regiones de Texas, particularmente en comunidades cercanas a la frontera. Si bien no existe evidencia que vincule directamente ambas situaciones, especialistas coinciden en que la disponibilidad de agua potable segura constituye una de las principales barreras para prevenir brotes de este tipo, especialmente en una ciudad con intenso intercambio comercial y de personas como Piedras Negras.
Uno de los antecedentes más delicados es que el propio alcalde, cuando mantenía el conflicto con la anterior administración de SIMAS, llegó a reconocer públicamente que el agua no era potable e incluso exhortó a la población a no consumirla. Aquella declaración fue utilizada para evidenciar las deficiencias del organismo; sin embargo, a casi tres meses de que su equipo asumiera el control operativo del sistema y a 18 meses del inicio de su administración municipal, las condiciones del servicio siguen siendo motivo de inconformidad ciudadana. La pregunta inevitable ahora es quién asume la responsabilidad de un problema que continúa sin resolverse.
Durante este periodo, el organismo también ha enfrentado una cadena de cuestionamientos por el colapso de drenajes sanitarios, hundimientos provocados por colectores dañados, zanjas abiertas durante semanas, fugas constantes y obras inconclusas que han complicado la movilidad en distintos sectores de la ciudad. A ello se suma el deterioro de calles por baches y excavaciones derivadas de una infraestructura hidráulica que evidencia años de rezago y que, hasta ahora, no muestra una recuperación integral.
La permanencia de agua con estas características podría derivar en la intervención de la Secretaría de Salud de Coahuila, autoridad facultada para realizar muestreos, verificar la calidad del suministro y, en caso de detectar incumplimientos a la normatividad sanitaria, imponer medidas correctivas e incluso sanciones económicas. En otros municipios del país se han aplicado multas y procedimientos administrativos por situaciones de menor impacto, por lo que el caso de Piedras Negras podría escalar si las condiciones persisten y se comprueba que el agua distribuida no reúne las condiciones exigidas para el consumo humano.
Más allá del debate político, el problema comienza a adquirir dimensiones de salud pública. Cuando la población pierde la confianza en el agua que llega a sus hogares y comercios, la afectación deja de ser únicamente operativa. La credibilidad institucional se erosiona, aumenta el gasto de las familias en agua embotellada, se incrementan los costos para los negocios y se pone en riesgo uno de los servicios públicos más esenciales para cualquier ciudad.
La administración de Jacobo Rodríguez enfrenta hoy uno de los mayores desafíos de su gestión. Si el problema continúa sin una solución técnica de fondo, la crisis dejará de medirse únicamente por las quejas ciudadanas para convertirse en un asunto que podría involucrar responsabilidades administrativas, sanitarias y legales. En una ciudad fronteriza donde el acceso a agua potable segura resulta indispensable para la actividad económica y la salud colectiva, prolongar esta situación ya no parece ser una opción.
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