
Redacción | Piedras Negras, Coah.- En un hecho que escala aún más la crisis al interior del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), autoridades municipales notificaron este martes la suspensión de funciones del gerente general, Lorenzo Menera, como parte de un procedimiento administrativo en curso. La diligencia fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar; el contralor municipal, Adrián García Loza, y el asesor legal Gilberto Múzquiz, quienes acudieron directamente a las instalaciones de la paramunicipal para formalizar la medida.
De acuerdo con la información recabada, la notificación implica que Menera debe separarse del cargo mientras se desarrollan las investigaciones iniciadas por la Contraloría Municipal. Sin embargo, hasta el momento no se han emitido posicionamientos oficiales detallados sobre el fondo del procedimiento, lo que ha generado aún más incertidumbre en torno a la operación del organismo.
Lejos de acatar la disposición, el todavía gerente rechazó la legalidad del acto, calificándolo como arbitrario y presuntamente inconstitucional. En un breve encuentro con medios, aseguró que no existe una notificación formal válida y que cuenta con un plazo de 10 días para responder a los señalamientos. Además, señaló directamente a la Presidencia Municipal por lo que consideró una acción fuera de cauce legal, negándose a firmar cualquier documento presentado por las autoridades.
La tensión aumentó cuando, tras la notificación, Menera ordenó el cierre de las oficinas de SIMAS y permaneció al interior junto a su equipo legal, en lo que describió como un análisis de la situación jurídica. El acto fue interpretado como una especie de atrincheramiento, al impedir el acceso a funcionarios municipales que buscaban ejecutar la medida administrativa.
Este episodio marca un punto crítico en el conflicto entre la administración municipal y la dirección de SIMAS, evidenciando no solo una disputa legal, sino un choque frontal de poder dentro de un organismo clave para la ciudad. Mientras la Contraloría avanza en su investigación, la falta de claridad y la resistencia del funcionario abren un escenario incierto, donde la operación del sistema de agua queda, una vez más, en medio de la confrontación política y administrativa.



