Redacción | Piedras Negras, Coah.- Mientras la indignación ciudadana por el presunto caso de abuso contra una menor derivó en una de las movilizaciones más numerosas de los últimos meses e incluso en el cierre temporal del Puente Internacional Número 2, la reacción del alcalde Jacobo Rodríguez llegó a través de una publicación en redes sociales donde aseguró que el Gobierno Municipal tiene facultades limitadas para intervenir directamente en el asunto.
En su mensaje, el edil señaló que tanto él como la presidenta honoraria del DIF Municipal tenían conocimiento del caso desde semanas atrás y afirmó que la responsabilidad principal recae en instancias estatales como la PRONNIF. Asimismo, anunció que el DIF de Piedras Negras brindará asistencia jurídica, psicológica y social a la menor y a su madre, en coordinación con las autoridades competentes.
Sin embargo, la postura del alcalde generó una ola de cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, quienes reclamaron que, más allá de señalar limitaciones legales o atribuciones de otras dependencias, la ciudadanía esperaba una actuación más firme de la autoridad municipal ante una situación que involucra la presunta vulneración de los derechos de una menor. Algunos ciudadanos preguntaron por qué no se implementaron medidas de protección inmediatas desde que la denuncia fue expuesta públicamente, mientras otros pidieron al edil utilizar su capacidad de gestión para impulsar una intervención más rápida de las instituciones responsables.
Las críticas también se enfocaron en lo que varios usuarios consideran una constante dentro de la actual administración: responder a las controversias mediante publicaciones en redes sociales en lugar de ofrecer resultados concretos o encabezar acciones visibles. Para muchos de los participantes en la protesta del fin de semana, el fondo del problema sigue siendo el mismo: garantizar la seguridad de la menor y esclarecer los hechos denunciados.
Mientras las investigaciones continúan bajo reserva por tratarse de una niña, el caso mantiene una fuerte presión social sobre las autoridades de los distintos niveles de gobierno. La movilización ciudadana dejó claro que el reclamo principal no es una disputa de competencias, sino la exigencia de que se actúe con rapidez para proteger a la menor y asegurar que el proceso se conduzca con transparencia y apego a la ley.
