
Investigación del SIMAS alcanza a exdirectivos y consejeros
Redacción | Piedras Negras, Coah.- Las irregularidades al interior del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras continúan acumulando dudas y reclamos ciudadanos, mientras la administración municipal intenta proyectar una imagen de control institucional que, en los hechos, no se refleja en resultados ni transparencia.
A semanas de que se reconocieran públicamente las anomalías, la Contraloría Municipal mantiene abierta una investigación que parece más enfocada en el desgaste burocrático que en la rendición de cuentas. Se ha informado sobre citatorios y procedimientos internos, pero las sanciones reales y la claridad en torno al daño patrimonial siguen siendo un misterio.
El contralor municipal, José Adrián García Loza, confirmó que el proceso involucra a exfuncionarios del organismo, entre ellos dos subgerentes administrativas, un encargado de compras y un integrante del Consejo Directivo, quienes presuntamente habrían incurrido en irregularidades relacionadas con adquisiciones, viáticos y consumo de combustibles. Sin embargo, los nombres permanecen en reserva, bajo el argumento de que las resoluciones “aún están en trámite”.
La estrategia del Ayuntamiento parece limitarse a prolongar los tiempos procesales, sin ofrecer a la ciudadanía información clara sobre el tamaño del desfalco ni sobre las medidas preventivas para evitar nuevos abusos. Mientras tanto, el organismo operador continúa enfrentando deficiencias en el servicio, fugas constantes y un rezago financiero que contradice cualquier intento de presumir “orden administrativo”.
Incluso se ha mencionado que más integrantes del Consejo Directivo podrían ser llamados a comparecer, lo que deja entrever que las irregularidades podrían alcanzar niveles más altos de responsabilidad. Aun así, el gobierno municipal mantiene un discurso de aparente normalidad, evitando reconocer que el SIMAS atraviesa una de sus crisis más graves en materia de credibilidad.
En el fondo, la investigación que se presenta como una “limpieza institucional” podría terminar siendo apenas un trámite más en el intento del Ayuntamiento por aparentar que enfrenta el problema. Y mientras eso ocurre, los ciudadanos siguen pagando por un servicio que, además de deficiente, ahora está bajo sospecha.



