
Exhiben informantes presuntos negocios en INE
Redacción | Ciudad de México.- Videos, documentos, registros financieros y conversaciones de WhatsApp forman parte de las evidencias que recibió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar presuntas irregularidades en contratos de organismos electorales, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE). Por primera vez, el órgano fiscalizador incorporó la colaboración de informantes que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de aportar información sobre posibles actos de corrupción.
De acuerdo con la ASF, los testimonios y materiales recopilados han permitido identificar indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses. Las investigaciones abarcan contrataciones realizadas durante varios años y buscan establecer quiénes participaron en las operaciones, así como rastrear el destino de los recursos públicos involucrados.
El caso ocurre en medio de la crisis institucional que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei el pasado 26 de octubre. Ante el escándalo, el INE solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar contratos correspondientes a un periodo de diez años y preservar los expedientes administrativos, comprobantes de pago y archivos electrónicos. La presidenta provisional, Blanca Cruz, y los consejeros Arturo Chávez y Arturo Castillo defendieron la decisión al señalar que el organismo debe esclarecer cualquier irregularidad y recuperar la confianza ciudadana, sin limitar las investigaciones a una sola administración.
La controversia coincide con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2027 en la Cámara de Diputados, donde se avaló un recorte de 6 mil millones de pesos al INE, con 372 votos a favor y 102 en contra. Parte de los recursos serán reasignados a los Centros de Desarrollo Infantil del PT, la Secretaría de las Mujeres y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Mientras avanzan las indagatorias sobre posibles contrataciones irregulares, el organismo electoral enfrenta una reducción presupuestal que añade presión a su proceso de reorganización institucional.
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