Dueños de predios alzan la voz contra Puerto Verde

Redacción | Piedras Negras, Coah.- Un grupo de alrededor de 40 propietarios de terrenos que podrían verse afectados por el proyecto de la vía terrestre confinada de Puerto Verde solicitará la intervención del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al considerar que el desarrollo impulsado por el empresario texano Rubén Garibay representa una injusticia y un abuso en perjuicio de quienes poseen tierras en la zona norte de Piedras Negras. Los inconformes también advirtieron que, de no ser escuchados por las autoridades, podrían emprender acciones de protesta, entre ellas el bloqueo del bulevar Alonso Ancira, además de exigir una asamblea pública donde se explique con claridad el alcance real del proyecto.

Durante una reunión privada celebrada el pasado fin de semana en un salón del restaurante Barrokas, los propietarios intercambiaron información sobre las afectaciones que, aseguran, provocará la construcción de la vía confinada que conectará la carretera federal 57 con el futuro Puente Internacional III, al norte de Piedras Negras. De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, representantes de Rubén Garibay han ofrecido pagar apenas 24 pesos por metro cuadrado de los terrenos requeridos, cantidad que calificaron como «ridícula» frente al valor real de las propiedades. Aseguraron además que se les ha advertido que, en caso de no aceptar las condiciones, el Gobierno Federal podría proceder con la expropiación de los predios.

Los afectados también denunciaron que han sido objeto de presiones para vender sus tierras sin que hasta el momento exista una explicación clara sobre las características del proyecto. Señalaron que la vía estará completamente confinada mediante bardas y mallas, destinada exclusivamente al tránsito de tráileres y trenes relacionados con Puerto Verde, por lo que quienes hoy son propietarios de terrenos a lo largo del corredor quedarían prácticamente aislados y sin acceso directo a esa infraestructura. Afirmaron que, aunque Rubén Garibay ha promovido públicamente que Puerto Verde detonará el desarrollo del norte de la ciudad, quienes cedan o vendan sus terrenos no obtendrán ningún beneficio directo, pues no podrán utilizar la vía.

Durante la reunión también se recordó el antecedente de la construcción del bulevar Alonso Ancira. Algunos propietarios que cedieron tierras para esa obra señalaron que hace aproximadamente dos décadas la empresa Micare, entonces involucrada en el proyecto, les ofreció intercambiar sus predios por otros terrenos; sin embargo, posteriormente descubrieron que esas propiedades se encontraban embargadas. Por esa razón, sostienen que existen tramos del actual bulevar que continúan siendo propiedad de ejidatarios de El Centinela y El Moral, quienes incluso amenazaron con tomar esa vialidad al considerar que nunca fueron legalmente indemnizados.

Los asistentes aseguraron que Puerto Verde contempla únicamente cinco o seis puntos de cruce entre ambos lados de la vía confinada, ubicados en zonas como el bulevar Las Tinajas, la carretera Ribereña y las inmediaciones del Regimiento de Caballería Motorizado de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de algunos pasos adicionales. No obstante, afirmaron que no existirán accesos directos al corredor que, según el proyecto, pasará a denominarse bulevar Puerto Verde, limitando considerablemente la movilidad y el aprovechamiento de los predios ubicados a sus costados.

Entre los propietarios que participan en la organización se encuentran integrantes de las familias De Luna, Garza, Barrera, Moyeda, Benavides y Robles, quienes ya preparan estrategias jurídicas y civiles para evitar, aseguran, ser víctimas de abusos por parte de la empresa encabezada por Rubén Garibay. Asimismo, solicitarán que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, explique públicamente el proyecto, ya que consideran que la Federación terminará siendo propietaria de una parte importante de la infraestructura de Puerto Verde y debe transparentar el alcance de la obra.

Los inconformes también cuestionaron que, además del impacto sobre los propietarios de los terrenos, el proyecto pretenda que el municipio de Piedras Negras aporte la infraestructura necesaria para hacerlo viable, incluyendo redes de agua potable, energía eléctrica y diversas obras de inducción. A su juicio, esos trabajos serían financiados con recursos públicos provenientes de los impuestos de los nigropetenses, dinero que, sostienen, debería destinarse prioritariamente a resolver necesidades básicas de la ciudad y no a respaldar un proyecto privado promovido por un empresario texano como Rubén Garibay. KLD