Denuncian a Jacobo por contratos de casi 21 millones

Redacción | Piedras Negras, Coah.- Una nueva controversia por el manejo de recursos públicos alcanzó al alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González, luego de que este lunes fuera denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación de servicios publicitarios por casi 21 millones de pesos. El señalamiento apunta a la firma de 12 contratos durante enero de 2025, cuando, según los denunciantes, el presidente municipal todavía no contaba con la autorización del Cabildo para comprometer recursos del Ayuntamiento.

La denuncia fue promovida en Saltillo por el regidor Juan Carlos Hernández, acompañado de Juan Carlos Álvarez, Lorenzo Menera, Jesús Ibarra y otras personas, quienes también acudieron a la Auditoría Superior del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa. El punto central del caso radica en las fechas; los contratos fueron suscritos el 2 y 28 de enero de 2025, mientras que la facultad para celebrar convenios y contratos fue aprobada hasta el 19 de febrero, mediante el Acuerdo 032/2025, respaldado por 11 votos a favor y siete en contra. En la sesión del 1 de enero, el asunto únicamente había sido enviado a comisiones, de acuerdo con las actas señaladas.

Los documentos cuestionados corresponden a servicios de publicidad contratados con medios de radio, televisión y prensa escrita, por un monto conjunto de 20 millones 929 mil 530 pesos con 12 centavos. Los promoventes sostienen que en esos instrumentos se habría hecho constar una autorización que todavía no existía, situación que consideran susceptible de constituir falsedad documental y posibles responsabilidades por el ejercicio indebido de funciones. Hernández afirmó públicamente que vigilar el uso del dinero municipal forma parte de sus obligaciones como regidor y que corresponde a las autoridades determinar si existieron conductas contrarias a la ley.

El caso coloca bajo revisión no solamente el destino de casi 21 millones de pesos en publicidad oficial, sino también el procedimiento mediante el cual la administración municipal formalizó compromisos económicos antes de recibir, según la denuncia, el respaldo del órgano colegiado. Ahora corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción examinar los contratos, confrontar las fechas con las actas de Cabildo y establecer si existen elementos para proceder legalmente contra los involucrados. Por el momento, los señalamientos constituyen presuntas irregularidades sujetas a investigación y no responsabilidades acreditadas.