Renuncia Subprocuradora de la PRONNIF en Piedras Negras tras señalamientos
La Subprocuradora Regional de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Piedras Negras, Aurora Hernández, presentó su renuncia tras ser señalada por una serie de irregularidades administrativas y legales que han puesto en entredicho la integridad de la institución encargada de proteger los derechos de la infancia.
Durante su gestión, Hernández ocupó el cargo sin contar con una cédula profesional vigente como abogada, hecho que generó severas críticas y cuestionamientos sobre la falta de filtros y supervisión en su nombramiento. Esta omisión fue solo la punta del iceberg en una serie de prácticas que han sido calificadas como graves violaciones éticas y legales.
Entre las acusaciones más relevantes se encuentra la centralización y control exclusivo de la expedición de actas de concubinato y acreditaciones de hechos, procedimiento que presuntamente utilizó para establecer un esquema de cobros elevados a los usuarios, en complicidad con su excolaboradora y también abogada, Jennifer Castillo.
Uno de los casos que más indignación social provocó fue la presunta simulación de un secuestro, mediante el cual Hernández habría intentado encubrir una extorsión de 25 mil pesos a una madre de familia. La mujer denunció que el dinero le fue exigido a cambio de no retirarle la custodia de sus hijos. Este hecho marcó un punto de quiebre en la opinión pública y aceleró la salida de Hernández del cargo.
La situación se tornó insostenible tras su reciente exposición pública en Saltillo, donde evidenció un preocupante desconocimiento de las funciones básicas de la PRONNIF, dejando en claro su falta de preparación para dirigir una dependencia de esta índole.
Ante este escenario, la salida de Aurora Hernández ha sido considerada una renuncia forzada, mientras se acumulan denuncias que señalan un presunto uso indebido de la institución para fines personales y de protección frente a eventuales procesos legales.
Organizaciones sociales y sectores ciudadanos han exigido que el próximo nombramiento recaiga en una persona con formación profesional acreditada, principios éticos sólidos y un compromiso real con la defensa y garantía de los derechos de la niñez en la región.
