Ayuntamiento admite responsabilidad y sanciona a funcionarios
Redacción | Piedras Negras, Coah.- El Ayuntamiento de Piedras Negras reconoció finalmente las irregularidades en el caso del tiradero de perros muertos en el basurero municipal, pero su respuesta institucional revela más preocupación por controlar el daño político que por asumir plenamente la responsabilidad ética y administrativa del hecho.
Cuatro funcionarios municipales fueron sancionados por la Contraloría Municipal, entre ellos el director del Centro de Salud, Bienestar y Rescate Animal, Alfonso Orta, suspendido siete días, y el titular de Imagen Urbana y Ecología, Jorge Alexis González Beltrán, quien recibió una amonestación privada. A ellos se suman los dos empleados que aparecen en el video que desató la indignación pública al mostrar cómo se desechaban los cuerpos de los animales como simple basura.
El gobierno local intenta presentar las sanciones como un acto de transparencia, pero en realidad constituyen un reconocimiento tardío y limitado de las fallas en la cadena de mando. A pesar de la gravedad del caso, las sanciones internas son mínimas y las autoridades municipales se escudan en formalismos para no admitir la multa ambiental impuesta por la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaec), que supera el millón de pesos.
Lejos de ofrecer una disculpa pública o un replanteamiento profundo sobre el trato a los animales en situación de abandono, el Ayuntamiento optó por desacreditar a quienes dieron a conocer la sanción, señalando a diputados y medios de comunicación por difundir “información parcial”. La estrategia parece orientada a desplazar la atención de los hechos hacia un supuesto “tratamiento mediático” adverso, mientras la administración evita reconocer su responsabilidad institucional.
El caso de Bienestar Animal se ha convertido en un espejo de la gestión municipal: respuestas reactivas, sanciones simbólicas y un discurso defensivo que prioriza la imagen política sobre la rendición de cuentas. La indignación ciudadana no se originó por un error administrativo, sino por la indiferencia mostrada ante un acto que vulnera los principios más básicos de respeto hacia la vida animal.
Aunque el Ayuntamiento asegura haber cumplido con los requerimientos legales y procedimientos internos, lo cierto es que la sanción estatal continúa vigente y la desconfianza pública también. El video que detonó el escándalo no solo exhibió un hecho aislado, sino un modelo de gestión que normaliza el descuido, la opacidad y la falta de empatía en áreas que, paradójicamente, deberían representar bienestar y protección.
Mientras el municipio insiste en justificar lo ocurrido como un “protocolo incompleto”, la ciudadanía percibe un mensaje claro: en Piedras Negras, la protección animal sigue siendo un tema pendiente que se maneja más desde la política que desde la conciencia.
