Ajustan postura ante fallo federal sobre el SIMAS
Redacción | Piedras Negras, Coah.- A un día de que el Juzgado Tercero de Distrito resuelva el fondo del amparo promovido por el gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera, y los consejeros del organismo, el Ayuntamiento de Piedras Negras busca dar marcha atrás al tono confrontativo que él mismo encendió. Sin embargo, detrás del discurso conciliador, el trasfondo político y el intento de control sobre el sistema de agua siguen tan evidentes como el conflicto mismo.
El gobierno municipal aseguró este jueves que el diferendo “no es personal”, sino un “tema de legalidad”. Una afirmación que contrasta con las descalificaciones previas del alcalde Jacobo Rodríguez, quien en semanas anteriores redujo el debate a ataques personales y acusaciones mediáticas contra los directivos del SIMAS. El cambio de tono, más que un acto de mesura, parece una estrategia para anticiparse al fallo judicial que podría revertir las acciones impulsadas por el propio municipio.
De acuerdo con su asesor jurídico, Gilberto Múzquiz Salinas, el Ayuntamiento cumplió con los requerimientos del Juzgado Tercero al informar sobre la intención de organismos de la iniciativa privada de integrar el Consejo Directivo, lo cual fue declarado infundado por la autoridad federal. No obstante, dicha aclaración no modifica la suspensión definitiva otorgada el 9 de octubre, que continúa vigente y limita las maniobras del municipio hasta que se resuelva el fondo del amparo.
Mientras la administración local se esfuerza por proyectar una imagen de institucionalidad, los hechos apuntan a un manejo político del conflicto. El discurso de “legalidad” encubre una lucha por el control del organismo operador del agua, cuya autonomía ha sido constantemente cuestionada desde el Ayuntamiento. En paralelo, la Contraloría Municipal mantiene abiertas investigaciones internas contra cuatro exfuncionarios del SIMAS, un proceso que se ha usado —según observadores locales— como herramienta de presión más que como un ejercicio genuino de rendición de cuentas.
Aunque las autoridades municipales insisten en que “hay diálogo y cooperación”, lo cierto es que la relación entre ambas partes sigue marcada por la desconfianza. La disputa por la integración del Consejo Directivo es, en el fondo, un pulso de poder entre el municipio y un organismo que, por ley, debería tener participación ciudadana y autonomía operativa.
El fallo federal que se conocerá tras la audiencia de este viernes podría definir el rumbo del SIMAS y exhibir hasta qué punto el Ayuntamiento ha intentado intervenir en su funcionamiento. Sin embargo, el propio municipio ya anticipa que, si la resolución no le favorece, acudirá a una instancia superior.
En medio del conflicto, los ciudadanos siguen enfrentando las mismas carencias: fugas, deficiencias en el suministro y tarifas cada vez más elevadas. Mientras el Ayuntamiento libra batallas legales y mediáticas, el agua —el servicio más esencial— sigue siendo rehén de una disputa política que parece lejos de terminar.
