Redacción | Piedras Negras, Coahuila.– La sesión del Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), celebrada este jueves, dejó más que ajustes administrativos y nombramientos internos. Aunque uno de los puntos visibles fue la presentación de Karla Hernández como nueva subgerente comercial, el tema que marcó la agenda fue la situación financiera del organismo y el peso que representa el contrato colectivo del personal sindicalizado.
Durante la reunión, la Subgerencia Administrativa expuso los estados financieros del sistema, revelando cifras que causaron sorpresa entre los integrantes del Consejo. De acuerdo con lo presentado, el SIMAS recauda alrededor de entre 20 y 23 millones de pesos mensuales, de los cuales aproximadamente poco más de 11 millones se destinan al pago de sueldos y prestaciones del personal sindicalizado, lo que deja un margen reducido para operación, mantenimiento e inversión en infraestructura.
Ante este panorama, el gerente del organismo, Lorenzo Menera, lanzó un posicionamiento firme al señalar que el actual contrato colectivo es uno de los principales factores que han llevado al sistema a una situación financiera crítica. En su intervención, cuestionó las condiciones laborales y las prestaciones vigentes, al considerar que resultan insostenibles para la viabilidad del SIMAS y limitan su capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.
Menera informó que, como siguiente paso, la próxima semana se contará con la asesoría de abogados especializados para analizar las opciones legales disponibles, con el objetivo de buscar la anulación o, en su caso, una modificación profunda del contrato colectivo. La intención, dijo, es replantear las condiciones laborales y evaluar esquemas alternativos de contratación que permitan sanear las finanzas del organismo.
El anuncio abrió un debate de fondo dentro del Consejo, pues si bien existe coincidencia en la urgencia de corregir el rumbo financiero del SIMAS, también se reconoce que cualquier acción contra el contrato colectivo implicará un proceso complejo, tanto en lo legal como en lo social. Por ahora, la postura de la gerencia marca un punto de inflexión: la revisión del vínculo con el sindicato se perfila como el eje central de la reestructuración que se avecina para el sistema de agua potable.
