Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- La crisis que atraviesa el Sistema de Agua en Piedras Negras ha escalado a un punto en el que la intervención estatal ya no es un escenario lejano, sino una posibilidad real. En medio de una confrontación abierta entre el alcalde Jacobo Rodríguez y el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, el riesgo para más de 65 mil usuarios ha encendido alertas no solo en la opinión pública, sino también en el ámbito político estatal.
Los recientes videos difundidos en redes sociales han agravado aún más el conflicto. Por un lado, el alcalde expuso condiciones preocupantes en las plantas potabilizadoras, señalando que el agua podría no ser apta para consumo. Por otro, el propio Lorenzo Menera respondió con una transmisión en vivo también desde las instalaciones, donde incluso bebió agua directamente para asegurar que cumple con los estándares, al tiempo que denunció una supuesta campaña en su contra y lanzó señalamientos directos contra el alcalde, a quien descalificó públicamente con acusaciones personales. Este intercambio no solo evidenció la fractura institucional, sino que profundizó la incertidumbre entre la población.
A esto se suma el creciente malestar ciudadano por problemas persistentes como fugas, drenajes colapsados, obras inconclusas y la calidad del agua, descrita por usuarios como turbia, con olor y con residuos visibles.
El conflicto entre ambas figuras ha dejado de ser político para convertirse en un problema de gobernabilidad. Mientras el alcalde exhibe deficiencias del sistema, el gerente sostiene su permanencia y defiende su gestión, en un escenario donde la coordinación institucional simplemente no existe. El resultado es un organismo operador rebasado, sin rumbo claro y con una crisis que impacta directamente en la salud pública.
En este contexto, la legislación contempla mecanismos para que el Estado intervenga en los sistemas municipales cuando existen condiciones extraordinarias. Esto puede ocurrir mediante convenios entre el municipio y el Gobierno Estatal, por autorización del Congreso ante una emergencia sanitaria o administrativa, o incluso a través de la absorción de funciones por organismos estatales o intermunicipales cuando se pone en riesgo la prestación del servicio. Casos similares ya se han registrado en municipios como Múzquiz y Nueva Rosita, donde el control fue asumido ante escenarios críticos.
El impacto mediático de esta crisis ha sido contundente en la región norte de Coahuila. La exposición pública del conflicto, amplificada por transmisiones en vivo y declaraciones cruzadas, ha evidenciado una administración fracturada que no logra garantizar un servicio básico. La discusión ya no gira únicamente en torno a responsabilidades políticas, sino a la urgencia de proteger la salud de la población y restablecer condiciones mínimas de operación.
Hoy, Piedras Negras enfrenta un escenario límite: o se restablece la coordinación y se corrigen las fallas estructurales del sistema, o el Estado tendrá que intervenir para evitar que la crisis escale a consecuencias mayores. Porque más allá de los pleitos y discursos, el acceso al agua potable no es un tema político, es una obligación básica que hoy no se está cumpliendo.
