Los casi 66 mil usuarios del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) viven bajo la amenaza de una nueva crisis en el suministro de agua, ante los planes del Partido del Trabajo, encabezado por Lorenzo Menera, Ricardo Múzquiz y el diputado Ricardo Mejía, de tomar las plantas potabilizadoras, el cárcamo y las oficinas del organismo si el alcalde Jacobo Rodríguez decide removerlos del control administrativo.
Al interior de este grupo político ya se contempla la posibilidad de paralizar por completo la operación del organismo, lo que dejaría a la ciudad sin agua potable y obligaría a la intervención del Gobierno del Estado. El escenario refleja la falta de gobernabilidad en un municipio donde el caos en los servicios básicos se ha vuelto constante.
Durante los nueve meses de gestión municipal, SIMAS ha acumulado múltiples días con colonias enteras sin servicio, producto de una gerencia encabezada por Lorenzo Menera que se ha caracterizado por la improvisación, el nepotismo y la falta de preparación. A ello se suma la opacidad financiera del gobierno local, que presume ahorros millonarios mientras pretende aplicar nuevos cobros como el Derecho de Alumbrado Público (DAP), contradiciendo el discurso de estabilidad económica.
Los problemas se extienden más allá del agua: calles destrozadas por la ausencia de programas de pavimentación, alumbrado público en deterioro y servicios primarios colapsados tras la disolución irregular del sindicato de Obras Públicas, que contaba con 120 trabajadores esenciales para el mantenimiento urbano.
Hoy el riesgo vuelve a centrarse en SIMAS, atrapado en la pugna política y económica entre el alcalde Jacobo Rodríguez y Lorenzo Menera, mientras la ciudadanía queda como rehén de esa disputa. De cara a la próxima Junta de Consejo, Lorenzo y compañía ya se preparan para defender su posición, y a tres meses de cumplirse el primer año de gobierno, las incógnitas sobre el futuro del organismo y de la ciudad siguen sin resolverse.
