Investigará Anticorrupción vuelos privados de Américo Villarreal
Claudia Sheinbaum niega uso de recursos públicos, pero pide esclarecer los hechos
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes que los presuntos vuelos privados realizados por Américo Villarreal Santiago, delegado de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, no fueron pagados con recursos públicos, aunque admitió que el caso debe ser investigado por la Secretaría Anticorrupción.
Durante su conferencia matutina, la mandataria nacional fue cuestionada por el uso de una aeronave privada en al menos 25 vuelos entre Tamaulipas y Coahuila, que habrían sido realizados por el funcionario federal entre enero y marzo de este año, según una investigación del semanario Proceso.
“Eso no lo paga Bienestar, se los puedo garantizar. En todo caso, que investigue la Secretaría Anticorrupción. Primero, hay que saber si realmente se usaron esos vuelos privados; segundo, que quede claro que no fueron con recursos públicos, y tercero, si sí ocurrieron, deben explicarse, porque no forman parte de nuestra política de austeridad”, expresó Sheinbaum.
La publicación periodística señala que Villarreal Santiago habría utilizado un avión modelo Cessna 340A, cuyo costo por hora de vuelo oscila entre mil 300 y mil 800 dólares. De acuerdo con los tiempos estimados de uso —cerca de 32 horas de vuelo—, el gasto total ascendería a 797 mil pesos, cifra que contrasta con los principios de ahorro presupuestal promovidos desde el Ejecutivo federal.
Cabe destacar que el funcionario federal, quien además es hijo del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, admitió públicamente haber realizado algunos de esos vuelos en declaraciones previas al diario El Siglo de Torreón. No obstante, afirmó que no utiliza recursos federales y que el costo de las aeronaves no supera los 400 dólares por hora, asegurando que solventa dichos traslados con ingresos derivados de actividades empresariales propias.
La controversia ha generado críticas, tanto por el posible uso discrecional de servicios de lujo, como por el mensaje que envía dentro de una administración que ha reiterado su compromiso con la austeridad republicana y la rendición de cuentas.
Por ahora, las autoridades competentes no han abierto una investigación formal, pero el señalamiento hecho por la presidenta podría marcar el inicio de una revisión institucional sobre los recursos, privilegios y justificaciones que rodean al caso.
