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Pide AMLO no penalizar decisión del INE sobre revocación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial no penalicen la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la revocación de mandato.

Esto después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los consejeros electorales que votaron a favor de aplazar temporalmente la consulta.

«Yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse, entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes».

«Y lo demás pues no lo considero conveniente».

Ayer, en un pronunciamiento público, los 11 integrantes del Consejo General afirmaron que la denuncia es una acción injustificada y sin sustento legal que busca inhibir la independencia con la que resuelven los asuntos de su competencia.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó excusas de los consejeros electorales para retrasar el ejercicio.

«Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros, y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad.

El tabasqueño presumió que ya son 10 millones de firmas para apoyar la solicitud de revocación de mandato del Ejecutivo Federal.

«Se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le toca al INE revisar que sean formas auténticas y desecharlas, pero muchísimas, esto significa que la gente quiere participar, pero no solo en esta consulta, la gente quiere participar siempre».

En un hecho inédito, el morenista Gutiérrez Luna denunció penalmente la semana pasada a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que -por mayoría de votos- el INE decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre revocación, debido a la falta de presupuesto.

La denuncia, que incluye al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, es por coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y otros delitos en agravio del servicio público. Tan solo el primero de estos delitos es castigado hasta con siete años de prisión.

Con información de Reforma

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