Presenta Texas demanda por aceleración de trámites de asilo
Texas y Arizona presentaron este jueves una demanda que acusa que una nueva política de la Administración Biden destinada a acelerar el procesamiento de asilo y las deportaciones en la frontera entre Estados Unidos y México es ilegal.
La nueva querella se enmarca en una semana ajetreada en torno a las políticas de inmigración del país. La Corte Suprema federal cuestionó una norma que obliga a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de sus procesos, y un juez federal de Luisiana suspendió temporalmente la eliminación gradual de las restricciones al asilo
La oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en una denuncia presentada en la corte federal de Amarillo que la norma adoptada el mes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) transfiere indebidamente los poderes de los jueces de inmigración a los funcionarios que realizan entrevistas a los solicitantes de asilo.
La regla, que entrará en vigencia a finales de mayo, autorizará a los funcionarios de asilo a aceptar o rechazar las solicitudes de protección de los migrantes poco después de cruzar la frontera, lo que permitirá resolverlas en meses en lugar de años al evitar pasar a los tribunales de inmigración, que tiene un retraso de miles de casos.
Paxton dijo en un comunicado que la regla incentivará a más personas a buscar asilo «a través de reclamos falsos y menos supervisión».
«Es cierto que nuestro sistema de inmigración está extremadamente atrasado. Pero la respuesta es asegurar la frontera, no abrumarla aún más mediante la promulgación de incentivos fáciles y baratos para que los extranjeros ilegales ingresen a Estados Unidos», dijo Paxton.
Por su parte, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, detalló a Fox News que se uniría a Texas en la demanda.
«Esto no es más que un intento radical de establecer un sistema que fomenta la inmigración ilegal y socava el estado de derecho», dijo Brnovich sobre la regla anunciada por el Gobierno de Joe Biden.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, ha dicho que los nuevos procedimientos reducirán la carga en los tribunales de inmigración, que forman parte del Departamento de Justicia.
El Gobierno de Biden estimó el año pasado que necesitaría contratar 800 empleados más para que los funcionarios de asilo puedan manejar unos 75 mil casos al año. Sin más dinero ni nuevos puestos, no está claro qué tanto impacto tendrá la medida en un principio.
Estados Unidos ha sido el destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo desde 2017, de acuerdo con la agencia de refugiados de la ONU, lo que supone una enorme presión para los tribunales de inmigración. El número de casos pendientes de resolver se ha disparado hasta alcanzar casi 1.7 millones.
Hasta ahora, la Fiscalía general de Texas ha presentado 27 demandas contra las normas de la Administración Biden, 11 de las cuales involucran políticas de inmigración, detalló Paxton.
En uno de esos casos, un juez federal de Luisiana dijo el lunes que bloquearía el plan del Gobierno federal de levantar el Título 42, una política implementada por el ex Presidente Trump para expulsar de forma inmediata a los migrantes que crucen la frontera, sin permitirles solicitar asilo, bajo el pretexto de la pandemia de Covid-19.
Texas también ha ganado fallos que bloquean una moratoria sobre las deportaciones y reviven el polémico programa «Quédate en México’, otra política de la era Trump que permite enviar inmigrantes a México para esperar los procedimientos judiciales de inmigración.
En la demanda del jueves, Texas dijo que la ley federal de inmigración otorga la capacidad de tomar decisiones finales sobre las solicitudes de asilo exclusivamente a los jueces de inmigración, y que la nueva regla extiende ilegalmente ese poder a los funcionarios de asilo.
Texas también dice que la regla viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución al transferir los deberes otorgados a los designados políticos a los funcionarios de asilo, que son funcionarios públicos de carrera.
Con información de Reuters y AP
