Piedras Negras, Coahuila.– El Ayuntamiento de Piedras Negras, encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez González, volvió a perder un caso legal, esta vez frente al Sindicato Único de Trabajadores de Obras Públicas. El Tribunal Laboral con sede en Saltillo resolvió a favor de los sindicalizados y ordenó su reinstalación inmediata, además del pago de salarios y prestaciones caídas correspondientes a ocho meses.
El fallo, emitido oficialmente este lunes, representa un nuevo revés para la administración municipal y para su representante legal, Gilberto Múzquiz, quien acumula una larga lista de derrotas en tribunales. La resolución pone en evidencia una gestión jurídica errática y decisiones políticas apresuradas que, lejos de resolver conflictos, han terminado por multiplicar los costos legales para el municipio.
El conflicto se originó a finales de abril, cuando el gobierno municipal anunció la disolución del sindicato y la liquidación de más de un centenar de trabajadores de Obras Públicas. El propio alcalde, en su ya conocida transmisión en vivo, declaró que no negociaría con los sindicalizados y ordenó el cierre del gremio, dejando en pausa servicios esenciales como bacheo, alumbrado y limpieza urbana.
Cinco meses después, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado dictaminó que la medida fue improcedente, instruyendo al Ayuntamiento a reinstalar a los 110 trabajadores despedidos y cubrir los salarios retenidos desde mayo. Aún se desconoce el monto total que deberá pagar la administración, pero se estima que podría superar varios millones de pesos.
Aunque la notificación formal aún no se entrega a todas las partes, el municipio ya prepara un amparo directo para intentar revertir la resolución. Sin embargo, en materia laboral no existe una segunda instancia, lo que complica las posibilidades de éxito del Ayuntamiento.
La postura del sindicato, encabezado por su secretario general Joel Valadez, es clara: buscan la reintegración de los trabajadores a sus funciones y el reconocimiento pleno de sus derechos. “Hasta el momento no tenemos la resolución física, pero sabemos que el fallo fue a nuestro favor y confiamos en que se cumpla conforme a la ley”, declaró.
El caso refleja un patrón recurrente en la actual administración: conflictos mal manejados, decisiones improvisadas y pérdidas legales costosas que terminan afectando las finanzas municipales. Mientras el gobierno de Jacobo Rodríguez insiste en defender lo indefendible, el costo político y económico sigue creciendo a costa de los ciudadanos de Piedras Negras.
