Pide Sheinbaum aclarar presuntas transas del INE

Redacción | Ciudad de México.- Las contrataciones millonarias de material electoral y los presuntos vínculos entre empresas proveedoras y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) colocaron nuevamente al organismo bajo cuestionamiento. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió transparentar las adjudicaciones y esclarecer los señalamientos que alcanzan al entorno laboral de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, ante posibles conflictos de interés.

La controversia involucra a Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei desde abril de 2025, quien recibió en junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, firma proveedora del INE. Pese a ese antecedente, en su declaración patrimonial de 2026, donde reportó ingresos mensuales por 45 mil 765 pesos, no incluyó su relación con la compañía. Incluso el secretario ejecutivo del Instituto, Roberto Félix, manifestó desconocer si Navarrete laboraba en el organismo y anticipó que solicitaría información al área administrativa.

Los cuestionamientos se extienden a Jesús Octavio García González, quien también fungió como representante legal de Corporativo Zeg antes de asumir la Dirección de Administración del INE, cargo que abandonó en abril tras señalamientos por un posible conflicto de interés. La empresa, junto con Cajas Graf, ambas vinculadas a los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, obtuvo contratos por 197 millones de pesos para suministrar materiales de la elección judicial de 2025, mientras enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades y prácticas anticompetitivas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum planteó que el INE debe ofrecer explicaciones públicas sobre estas contrataciones y consideró pertinente una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque expresó dudas sobre sus facultades para intervenir en el organismo electoral. También se puso sobre la mesa ampliar la participación de Talleres Gráficos de México en la elaboración de materiales electorales, como alternativa para fortalecer los controles y reducir los cuestionamientos sobre la contratación de proveedores privados.