Vincula Juez de Saltillo por fraude a matrimonio sampetrino
Un Juez de Coahuila decidió vincular a proceso penal por el delito de fraude en cuantía mayor a los sampetrinos Jesús Rocher Reyes y Lorena Dávila Silva, detenidos el pasado viernes en la Colonia San Patricio.
El Juez Pedro López Medrano explicó que la vinculación a proceso no implica una sentencia y les otorgó cuatro meses para que preparen su defensa o para que busquen un acuerdo con la parte ofendida.
El inicio del juicio por el presunto desfalco de 67 millones 150 mil pesos sería el 5 de enero de 2023.
Durante la audiencia de vinculación, celebrada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, la defensa del matrimonio sampetrino solicitó para Rocher la misma medida cautelar que su esposa -entregar pasaporte, salir en libertad y acudir semanalmente a firmar-, solicitud que fue rechazada.
La defensa presentó una carta emitida por el doctor David Gómez Almaguer que establece que Rocher Reyes padece leucemia desde 2010 y requiere medicamento diario y citas periódicas al médico.
El Juez tomó en cuenta que el acusado, en los documentos firmados ante los inversionistas, se presentó como Jesús Rocher Trejo.
Argumentó además que no tiene arraigo en Saltillo, sino un domicilio en Nuevo León, y que en el documento médico el doctor dijo que su última cita fue en enero.
Durante la audiencia, la defensa presentó documentos de la empresa ACCBAG, S.A., de C.V., que indicaban que tuvo contratos con Pemex Transformación Industrial, dos de ellos firmados en abril y junio de 2015 para dar servicio de manejo de lodos aceitosos en las refinerías de Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.
El Ministerio Público presentó escritos de los administradores de las refinerías con los que afirmaban que de 2015 a la fecha no existen contratos con la empresa ACCBAG, de la cual Dávila Silva aparece como administradora única.
El Juez afirmó que si bien la defensa presentó indicios de que Rocher Reyes en algún momento prestó servicios para Pemex, no comprueba que los dos contratos mostrados estaban vigentes en febrero y julio de 2017, cuando firmaron contratos con los inversionistas, quienes aportaron 67 millones de pesos con la promesa de recibir ingresos por 5 millones de pesos mensuales.
La defensa intentó convencer al juzgador de que nunca hubo engaño y se trató de un impago que se tramita por la vía civil.
De acuerdo con la defensa, el matrimonio tenía toda la intención de pagar, pero el cambio de administración Federal, de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador trajo una suspensión en los pagos por parte de Pemex.
Sin embargo, el juzgador tomó en cuenta la discrepancia en el segundo apellido del inculpado, el incumplimiento en el pago -que durante 15 meses sumó apenas 19 millones 566 mil pesos, y no 75 millones a los inversionistas-, y la veracidad no comprobada de los documentos presentados por la defensa sobre los contratos con Pemex, por lo que vinculó a proceso a la pareja.
Con información de El Norte
