Ofrece Sheinbaum protección a joven promotor de marcha de la Generación Z
Redacción | Ciudad de México.– La polémica en torno a Edson Andrade, joven creador de contenido y uno de los rostros más visibles de la marcha de la Generación Z, volvió a escalar luego de que expresara temor por su seguridad en México, señalando presunta persecución tras ser acusado por Morena de tener un contrato millonario con el PAN para servicios de estrategia digital.
El caso ha puesto bajo los reflectores la creciente fricción entre el gobierno federal y los movimientos juveniles que han encontrado en las redes sociales un espacio de organización y protesta. Andrade, con presencia creciente en plataformas digitales, se convirtió en un símbolo de la movilización generacional que cuestiona las narrativas oficiales, lo que desató suspicacias y acusaciones en su contra.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina que el gobierno no persigue a nadie por sus ideas políticas ni por lo que comunique en redes. Incluso ofreció protección oficial si el joven considera que existe un riesgo real. “Si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad”, afirmó, insistiendo en que en el país hay libertad de expresión y manifestación.
El señalamiento de Morena sobre un supuesto contrato millonario con el PAN alimentó un ambiente ya cargado de desconfianza. En un contexto donde la lucha política se libra también en TikTok, X e Instagram, los influencers se han convertido en actores incómodos para todas las fuerzas políticas. Andrade, sin embargo, ha negado vínculos contractuales y ha denunciado que la exposición mediática ha afectado su tranquilidad y la de su familia.
Este episodio revela un choque generacional y político que va más allá del propio influencer: una juventud hiperconectada que se organiza sin intermediarios frente a un aparato político que aún intenta descifrar su lenguaje, su alcance y su independencia. Mientras Sheinbaum busca enviar un mensaje de calma y apertura, el caso de Andrade deja claro que el debate por la legitimidad de la crítica digital en México apenas comienza.
