Redacción | Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de la nueva Ley de Aguas, destacando que su principal objetivo es terminar con los privilegios en la distribución y uso del recurso. Sin embargo, el anuncio ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de estas medidas, particularmente en estados del norte como Coahuila, donde la crisis hídrica sigue siendo un tema vigente.
La mandataria aseguró que la nueva legislación elimina prácticas como la transmisión de derechos entre particulares y el llamado “mercado negro del agua”, además de permitir que pequeños productores recuperen acceso al recurso. Como ejemplo, expuso el caso de Baja California, donde municipios dejaron de pagar a intermediarios por el suministro de agua. No obstante, especialistas advierten que estos cambios aún enfrentan retos en su implementación y vigilancia.
En entidades como Coahuila, donde persisten problemas de sobreexplotación de acuíferos, fugas constantes y conflictos por el manejo del agua —particularmente en sistemas municipales—, el discurso federal contrasta con una realidad donde los ciudadanos siguen enfrentando deficiencias en el servicio y cuestionamientos sobre la gestión del recurso. La promesa de acabar con privilegios también pone bajo la lupa a sectores industriales y agrícolas que históricamente han concentrado grandes volúmenes de agua.
Aunque el Gobierno Federal insiste en que se trata de un cambio de fondo que fortalece la justicia hídrica, el reto será demostrar que estas reformas no se quedan en el discurso político. En regiones como el norte del país, donde el acceso al agua es cada vez más limitado, la ciudadanía espera resultados concretos y no solo anuncios, en un tema que impacta directamente en la calidad de vida y el desarrollo económico.
