Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- La historia se repite, y con ella, la evidencia de un gobierno que no termina de encontrar rumbo. Este miércoles, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Piedras Negras volvió a poner freno a los intentos del alcalde Jacobo Rodríguez por destituir al actual consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y a su gerente general, Lorenzo Menera. El fallo federal, una vez más, favorece al bloque encabezado por Menera, consolidando no solo su permanencia, sino también su poder político dentro del organismo.
El juez federal Juan Marcos Dávila Rangel ratificó el amparo promovido por los consejeros y por Menera, dejando sin efecto los argumentos del Ayuntamiento que buscaban revocar la suspensión provisional. En términos simples: el Municipio vuelve a perder la partida. Ni las observaciones ni los oficios presentados por el alcalde lograron convencer al juzgado, que desechó la narrativa municipal sobre el presunto retiro de nombramientos por parte de cámaras empresariales y organismos civiles como la CANACO, la Asociación de Agentes Aduanales, el Colegio Médico, el Colegio de Arquitectos y Cáritas.
En su resolución, el juez determinó que tales argumentos carecen de validez jurídica y no alteran el fondo del amparo, que seguirá protegiendo a Menera y a su equipo de cualquier intento de destitución mientras el juicio principal se resuelve. Es decir, el Ayuntamiento deberá seguir observando desde la banca mientras el SIMAS opera bajo la misma dirección que ha buscado remover desde hace un año.
Pero más allá del aspecto legal, lo que vuelve a quedar en evidencia es la falta de estrategia política del gobierno de Jacobo Rodríguez. Cada movimiento que intenta para tomar control del organismo se convierte en un nuevo golpe mediático, hábilmente capitalizado por Lorenzo Menera, quien parece conocer con precisión quirúrgica las debilidades administrativas y políticas del actual gobierno.
El caso del SIMAS ha dejado de ser una disputa técnica sobre el manejo del agua para transformarse en una batalla por el poder y la narrativa pública. Y en ese terreno, Rodríguez ha salido perdiendo. Sus intentos por justificar la intervención bajo argumentos de transparencia o eficiencia han quedado sepultados bajo una cadena de fallos judiciales adversos, en un contexto donde la percepción pública juega un papel decisivo.
Cada resolución que sale de los tribunales no solo refuerza la posición de Menera, sino que erosiona la del alcalde, proyectando una imagen de debilidad política y de falta de control interno. Lo que en su momento pudo ser una diferencia institucional se ha convertido en una constante derrota jurídica que exhibe la desarticulación de la administración municipal.
En el fondo, este nuevo revés judicial no es solo una victoria para el consejo de SIMAS, sino una derrota simbólica para Jacobo Rodríguez. Es el reflejo de un primer año de gobierno caracterizado por el conflicto, la improvisación y el desgaste. Un año en el que, más que resultados, han prevalecido las disputas personales y los golpes de poder.
Y mientras el alcalde busca recomponer su relación con los organismos y recuperar el control de la narrativa, Lorenzo Menera vuelve a salir fortalecido, usando la legalidad como escudo y el momento político como catapulta. Al final, el amparo del SIMAS no solo protege a sus consejeros: también desnuda el mayor talón de Aquiles del gobierno de Jacobo Rodríguez —su incapacidad para construir acuerdos y gobernar más allá del conflicto.
