Menera frena cambios en SIMAS con amparo y exhibe nuevo revés para el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Piedras Negras volvió a tropezar en tribunales. El gerente general de SIMAS, Lorenzo Menera, junto con nueve consejeros del organismo, consiguió un amparo que detiene los acuerdos del Cabildo del pasado 30 de septiembre, donde se había votado su destitución. La resolución judicial deja sin efecto la sesión extraordinaria prevista para esta semana y prolonga la permanencia del actual consejo directivo.
La decisión, confirmada este viernes tras ser cuestionado en la conferencia matutina, se suma a la larga lista de tropiezos legales del gobierno encabezado por Jacobo Rodríguez. Pero el mayor señalamiento no recae únicamente en el alcalde, sino en su representante legal, Gilberto Múzquiz Rodríguez, quien nuevamente aparece como responsable de una estrategia jurídica que se derrumba antes de comenzar.
Los antecedentes lo exhiben: no ha podido encauzar los conflictos en Obras Públicas, fracasó en el manejo de los litigios relacionados con SIMAS, no pudo defender el cobro del DAP ante los tribunales y ahora enfrenta la posibilidad de que los empresarios de la ciudad también recurran al amparo para protegerse de las disposiciones municipales. Cada intento se traduce en derrotas que minan la legitimidad del ayuntamiento y dejan la impresión de improvisación en su defensa legal.
El expediente 1077-2025 ya se encuentra en lista en el Juzgado de Distrito, donde se ordena al Cabildo abstenerse de aplicar los acuerdos de destitución hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Mientras tanto, cualquier acción en contra del consejo de SIMAS queda frenada, blindando de manera temporal a Menera y a los consejeros en funciones.
Aunque Múzquiz intentó justificar que la primera demanda se cayó por carecer de firmas y que un segundo amparo fue el que prosperó, lo cierto es que el patrón se repite: la administración municipal enfrenta una racha de derrotas jurídicas que exhiben más desorden que estrategia. Si la suspensión se extiende más allá del 9 de octubre, podría incluso amarrar de manos al gobierno de Rodríguez por el resto de la administración.
Lo que parecía una jugada definitiva para desplazar a Lorenzo Menera terminó convirtiéndose en otra humillación legal para la presidencia. En vez de consolidar autoridad, el Ayuntamiento suma un nuevo episodio de incertidumbre y confirma lo que ya se percibe en la ciudad: que su defensa legal y política no resuelve, solo acumula fracasos.
