Doblan empresarios mineros a Morena
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una nueva propuesta de reforma en materia minera que amplía la duración de las concesiones y flexibiliza el uso de agua para el sector.
La propuesta que es distinta a la enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a circular después de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se reunieron con integrantes de la Cámara Minera en el palacio legislativo de San Lázaro.
Suscrita por Mier, la vicecoordinadora Aleida Alavez y el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, la iniciativa plantea aumentar a 80 años las concesiones mineras, al establecer que éstas tendrán una duración de 30 años con derecho a una prórroga de 25 años y concluido este plazo, el concesionario podrá participar en la licitación del mismo lote por un periodo improrrogable de 25 años más.
Lo anterior es contrario a la propuesta del Ejecutivo federal, que establecía un periodo de 15 años, las cuales podrían ser prorrogables por un lapso similar por una sola ocasión.
De acuerdo con el nuevo texto, la extensión obedece a que, para el inicio de operaciones de una mina, se requiere realizar una serie de actividades de planeación, contratación, pruebas, entre otras actividades. Además, indica que esta ampliación es un incentivo para que los concesionarios cumplan adecuadamente con sus obligaciones.
Plantea que el otorgamiento de concesiones podrá incluir dos o más minerales o sustancias, debido a que en la naturaleza, generalmente se presentan depósitos con varios minerales interrelacionados.
La propuesta del Presidente planteaba que el otorgamiento de concesiones sería únicamente por mineral o sustancia susceptible de explotación, para evitar que, como ocurre actualmente, los permisos se otorguen por la totalidad de los recursos en un lote.
La iniciativa reduce de 10 a 7 por ciento el monto mínimo de la contraprestación a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o cualquier otro habitante de un terreno concesionado, a fin de que ésta no represente una carga incosteable, asimismo, precisa la base sobre la cual se calculará dicho porcentaje.
«A fin de que dicha contraprestación no represente una carga que haga incosteable la actividad minera, se propone modificar el porcentaje (…) para que éste sea de 7 por ciento de la cantidad que resulte de disminuir el resultado fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sumas cubiertas por el concesionario por concepto de contribuciones no deducibles para los efectos de dicho impuesto», indica.
El Ejecutivo federal planteó la cancelación de concesiones minera en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daños irreversibles a los recursos naturales y en casos de contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas.
No obstante, la iniciativa de Morena plantea que antes de cancelar las concesiones, se les dé a los titulares la oportunidad de realizar acciones encaminadas a la prevención y remediación conducentes.
«Se propone que se otorgue un término de tres meses para dichos efectos, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, la concesión se suspenderá por un término de seis meses, durante el cual se deben realizar tales acciones y, de no hacerlo, la concesión se cancelará», plantea.
Agrega que cualquier autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga que se otorgue en materia minera, debe priorizar el consumo humano y doméstico del agua.
«En caso de que exista riesgo de disponibilidad de agua para consumo humano y doméstico ´la autoridad del agua´ disminuirá o cancelará el volumen de agua y concesionada», indica.
La iniciativa del Presidente indicaba que la autoridad del agua debía negar las concesiones de uso minero cuando se determinara que las personas interesadas pretendían concentrar más del 30 por ciento del volumen total de disponibilidad media anual de la cuenca o acuífero de que se trate una o más permisos y otros títulos para uso y aprovechamiento de agua.
La nueva redacción elimina esa redacción y sólo deja la disposición de que, en caso de solicitudes de concesión para el uso industrial de la minería, no se deben otorgar permisos para la profundización de pozos de extracción.
Con información de Reforma
