Urgen organizaciones a AMLO a velar por DH en El Salvador
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe aprovechar su visita a El Salvador para urgir a su homólogo Nayib Bukele a que retire el régimen de excepción y las medidas recientemente implementadas en su lucha contra las pandillas, pues violan los derechos humanos, coincidieron las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
A decir de Amnistía Internacional (AI) es de especial interés para México la situación en El Salvador porque puede provocar un mayor flujo migratorio hacia el norte de la región.
«Este punto es algo a lo que al Presidente López Obrador le interesa mucho abordar precisamente por la crisis migratoria que enfrenta Centroamérica y que por ende también México, donde miles de personas abandonan sus países, entre ellas personas salvadoreñas, precisamente porque hay persecución en sus países», dijo Pilar Sanmartín, Investigadora de Crisis para las Américas en AI.
«Es un tema que especialmente al Presidente de México le interesa tener sobre la mesa porque es claro que ahí donde se respetan los derechos humanos la gente se quiere quedar. La gente se va de sus países porque sus derechos no son respetados o son violados y sus vidas están en riesgo».
López Obrador inicia este viernes la cuarta gira de su mandato que durará cuatro días y abarcará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Las reuniones, informó, estarán enfocadas a temas de cooperación bilateral y migratorios.
Consultadas sobre la vista a El Salvador en el contexto del régimen de excepción que decretó el Gobierno de Bukele hace más de un mes y los señalamientos de violación a los derechos humanos, las organizaciones dijeron que la visita en sí misma no puede ser calificada como un error.
«Lo cierto es que debería utilizar los esfuerzos diplomáticos para atender temas de urgencia de derechos humanos en ambos países. No podemos olvidar que el propio Presidente ha anunciado que una de la intenciones de su gira es hablar del tema migratorio, y, efectivamente, son miles las personas en El Salvador que cada año abandonan el país debido a la violencia generalizada y la falta de protección del Estado», señaló Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
«Entonces si se va a atender el tema de la situación migratoria se tienen que atender las causas del por qué las personas están saliendo, incluida la situación de violación a derechos humanos que hoy está empujando a periodistas y activistas a abandonar el país. Le pedimos eso, que interceda para atender la situación de violaciones a los derechos humanos».
Sin embargo, Tamara Taraciuck Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), ve difícil un pronunciamiento de López Obrador en este sentido.
«El problema con la visita del Presidente López Obrador es que este patrón de desandar instituciones democráticas o de darle la espalda a las garantías democráticas después de asumir es bastante parecido al patrón que ha empleado él en México. Es difícil imaginarse que el Presidente López Obrador vaya a llegar a El Salvador a expresar preocupación por cuestiones que también han ocurrido en México», dijo la activista.
«No me refiero al régimen de excepción sino a los ataques a la independencia judicial, a la prensa independiente, al trabajo de la sociedad civil. La visita en sí no es problemática, lo que sería problemático es que se use como una manera de darle legitimidad al Presidente Bukele en un contexto en el cual se están violando derechos humanos de salvadoreños inocentes».
Tras un fin de semana que dejó 87 muertes violentas y que Bukele atribuyó a las pandillas, el Presidente pidió implementar un régimen de excepción, y posteriormente impulsó enmiendas para aumentar hasta a 45 años la pena de cárcel por pertenecer a las pandillas -incluyendo sanciones de hasta 10 años para niños mayores de 12 años- y una ley calificada por la prensa como «mordaza» que amenaza con dar hasta 15 años de cárcel a quienes difundan mensajes de las pandillas, incluyendo a los medios de comunicación.
Desde el 27 de marzo que se adoptó el estado de excepción, más de 22 mil presuntos pandilleros han sido detenidos. Las organizaciones han documentado detenciones arbitrarias e incluso cinco muertes bajo custodia.
El régimen de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos. Muchos de los familiares de los detenidos desconocen el paradero de sus parientes.
«Si el Presidente López Obrador evita mencionar los abusos que se están cometiendo en el marco del régimen de excepción, su visita sólo va a servir para convalidar las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el Gobierno de Bukele», advirtió Taraciuck Broner.
«Mandamos este mensaje al Presidente López Obrador, y a la comunidad internacional, para que se asegure, para que su labor diplomática ponga presión para que la autoridad salvadoreña elimine estas reformas que son violatorias a todas luces de los derechos humanos. Es imprescindible», señaló, por su parte, Sanmartín.
Con información de Reforma
