Justifica Jacobo participación de empresa familiar en obras
Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- El señalamiento de un posible conflicto de intereses dentro del gobierno municipal volvió a colocarse en el centro de la discusión pública este lunes, luego de que el alcalde Jacobo Rodríguez fuera cuestionado durante su conferencia matutina por la reiterada participación de una constructora vinculada a su hermano en diversas obras de alto perfil en la ciudad.
El cuestionamiento surge a partir de trabajos recientes como la construcción del nuevo asilo de ancianos y, más recientemente, la edificación de una barda perimetral de aproximadamente siete mil metros lineales en instalaciones de Ferromex, proyectos que han sido señalados por medios locales al considerar que existe una concentración de contratos alrededor de una misma empresa relacionada con el entorno familiar del edil.
En su respuesta, el alcalde optó por una defensa extensa que se alejó del fondo del señalamiento inicial. Rodríguez González dedicó buena parte de su intervención a narrar la historia empresarial de su familia desde mediados del siglo pasado, detallando negocios en distintos giros y regiones del país, con el objetivo de sostener que no se trata de empresas improvisadas ni creadas al amparo del poder público.
Sin embargo, más allá del origen o la trayectoria empresarial familiar, el cuestionamiento central planteado por la prensa no se centró en la legalidad mercantil de dichas compañías, sino en la dimensión ética y política de que una empresa ligada directamente a un familiar del alcalde concentre obras relacionadas, directa o indirectamente, con proyectos impulsados por su administración.
El edil insistió en que ninguna empresa de su familia es proveedora directa del municipio y que no puede impedir que sus familiares hagan negocios con empresas privadas, aun cuando estas desarrollen obras públicas. No obstante, esta línea argumentativa no despeja del todo las dudas sobre los mecanismos de adjudicación, la transparencia de los procesos y la percepción pública de favoritismo, especialmente cuando se trata de obras emblemáticas financiadas con recursos públicos o vinculadas a proyectos gubernamentales.
El tono del alcalde subió al atribuir los señalamientos a un medio de comunicación en particular, al que acusó de operar con una agenda política y de atacar de manera sistemática a su administración y a su familia. En ese contexto, el edil desvió el debate hacia una confrontación directa con dicho medio, cuestionando la independencia y financiamiento, en lugar de centrarse en explicar con claridad los procesos técnicos y administrativos de las obras señaladas.
Este episodio adquiere un peso político mayor si se recuerda que durante su campaña electoral Jacobo Rodríguez construyó buena parte de su discurso en torno a la crítica a presuntos conflictos de intereses de administraciones anteriores, particularmente de la exalcaldesa Norma Treviño, a quien señaló reiteradamente por supuestos beneficios a empresas en proyectos de plazas, canchas y obras públicas.
Hoy, ya en el ejercicio del poder, los cuestionamientos alcanzan a su propio gobierno y evidencian una contradicción entre el discurso de campaña y la práctica administrativa. Aunque el alcalde sostiene que no existe ilegalidad alguna, la reiteración de señalamientos y la falta de respuestas concretas sobre licitaciones, contratos y controles internos alimentan la percepción de opacidad.
El caso no sólo pone a prueba la congruencia del actual gobierno municipal, sino que reabre el debate sobre la necesidad de establecer reglas más estrictas y transparentes para evitar cualquier sospecha de conflicto de intereses. En un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la claridad y la rendición de cuentas no son opcionales, sino indispensables para sostener la credibilidad del gobierno que prometió ser distinto.
