Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- La crisis en la calidad del agua en Piedras Negras volvió a escalar, ahora con el propio alcalde Jacobo Rodríguez reconociendo en un video desde la planta potabilizadora que el líquido que llega a los hogares presenta niveles fuera de norma. Sin embargo, lejos de asumir una responsabilidad institucional, el edil centró su discurso en señalar directamente al actual gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, en un nuevo episodio donde la confrontación política vuelve a imponerse sobre la solución de fondo.
Durante la transmisión, el alcalde advirtió que el agua presenta hasta 68 unidades de color, cuando el límite permitido es de 15, calificando la situación como ‘una locura’ e incluso recomendando a la población no consumir agua de la llave ante posibles riesgos a la salud como vómito, fiebre o salmonela. La gravedad del señalamiento no es menor: es la propia autoridad municipal quien reconoce públicamente que el servicio básico más importante está fallando, sin que hasta el momento exista una solución inmediata ni una estrategia clara que garantice su corrección.
No obstante, el mensaje quedó marcado por la contradicción. El mismo alcalde que hoy denuncia la incapacidad operativa del sistema es quien en su momento designó al actual responsable de SIMAS, lo que lo coloca en una posición directa de responsabilidad política. Por su parte, la permanencia de Lorenzo Menera al frente del organismo, en medio de señalamientos tan delicados, también evidencia una falta de resultados y de capacidad para responder a una crisis que impacta directamente en la salud de miles de familias nigropetenses.
El problema se agrava cuando el tema se reduce a un intercambio de culpas entre actores políticos, mientras la ciudadanía enfrenta las consecuencias. La insistencia en modificar el consejo de SIMAS y nombrar a un nuevo perfil técnico no puede seguir utilizándose como argumento para justificar una situación que ya rebasa el terreno político y se instala en el ámbito de la salud pública.
Lo ocurrido deja en evidencia un escenario preocupante. Un sistema de agua colapsado en su operación, un alcalde que reconoce fallas graves pero evade su responsabilidad inicial, y un gerente que permanece sin ofrecer resultados ante una crisis evidente. En medio de esta disputa, la población queda en segundo plano, expuesta a un servicio deficiente y potencialmente riesgoso.
Ante este panorama, resulta urgente la intervención de autoridades ya sea estatales o federales en materia de salud y regulación del agua, que permitan evaluar de manera objetiva la calidad del suministro y establecer medidas inmediatas. La crisis ya no admite discursos ni confrontaciones: ni el alcalde ni la actual dirección de SIMAS han demostrado capacidad para resolver un problema que hoy pone en riesgo a toda la ciudad.
