Redacción | Piedras Negras, Coah.- El conflicto entre el Ayuntamiento de Piedras Negras y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento escaló a un nuevo nivel luego de que se ejecutara el corte de suministro en instalaciones de la Presidencia Municipal, una medida que el alcalde Jacobo Rodríguez calificó como arbitraria, desproporcionada y contraria al interés público. La acción, atribuida a la gestión del gerente Lorenzo Menera, detonó una serie de señalamientos que evidencian un conflicto administrativo, financiero y legal que sigue sin resolverse.
Durante su posicionamiento, el edil sostuvo que, si bien el municipio reconoce la obligación de cubrir el consumo de agua en edificios públicos, el actuar de SIMAS rompe con criterios básicos de coordinación institucional. Afirmó que no se trata de una negativa al pago, sino de cobros irregulares y desordenados, donde incluso se le pretende facturar al Ayuntamiento consumos de hasta 10 años, servicios correspondientes a dependencias estatales y hasta predios particulares, lo que calificó como una práctica inaceptable.
El edil también puso sobre la mesa un elemento que agrava el conflicto: una deuda de $2,237,195.90 pesos que el propio SIMAS mantiene por concepto de impuesto predial. Según explicó, mientras se exige el pago inmediato al municipio, el organismo operador no ha cubierto obligaciones fiscales básicas, lo que, en sus palabras, evidencia un manejo desigual y discrecional de los recursos públicos.
A esto se suma la acusación de recibos inflados, donde —de acuerdo con el alcalde— se agregan cargos excesivos y poco claros que elevan de forma desproporcionada los montos a pagar. Señaló que en algunos casos los cobros se disparan de cifras razonables a cantidades mucho mayores mediante conceptos adicionales sin justificación técnica visible, lo que refuerza la percepción de opacidad en la administración del sistema.
En el plano legal, el alcalde advirtió que el corte de agua podría contravenir disposiciones recientes en materia de derecho humano al acceso al agua, reconocidas tanto en la legislación estatal como en principios federales. Bajo este argumento, anunció la posibilidad de promover amparos para garantizar el suministro mínimo en instalaciones públicas y en hogares afectados, al sostener que la suspensión total del servicio no es una medida proporcional ni compatible con el marco jurídico vigente.
El episodio no solo exhibe un choque frontal entre autoridades municipales y el organismo operador, sino que vuelve a colocar en el centro del debate la gestión de Lorenzo Menera, señalada por el alcalde como errática y perjudicial para la ciudadanía. En un contexto donde persisten reportes por fallas en el servicio, el conflicto institucional parece profundizarse sin que, hasta ahora, se traduzca en soluciones concretas para la población, dejando en evidencia que la disputa política y administrativa sigue pesando más que la garantía de un servicio básico.
