Investigación contra regidor entra en etapa clave
Redacción | Piedras Negras, Coah.- El caso del regidor Juan Carlos Álvarez ha escalado a un punto crítico luego de confirmarse que existe una carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos de violencia familiar y violación, situación que ya se encuentra en etapa de integración de pruebas para su eventual judicialización. De acuerdo con información proporcionada por la asesora legal del Ayuntamiento, Ariana García Bosque, el proceso avanza mientras se continúa recabando evidencia clave, incluyendo peritajes psicológicos practicados a la víctima.
Según lo expuesto, recientemente concluyó una valoración psicológica particular a la menor involucrada, misma que ha sido acompañada en su atención emocional. Las autoridades indicaron que se determinará si el seguimiento continuará con instancias municipales o de forma privada, dependiendo de las necesidades detectadas tras el análisis profesional. Este elemento será fundamental para robustecer la carpeta que será presentada ante el Ministerio Público.
En paralelo, se han dictado y ratificado medidas cautelares contra el regidor, luego de que presuntamente intentara establecer contacto con la víctima a través de mensajes, pese a tener conocimiento de la denuncia en su contra. Estas acciones derivaron en la prohibición de acercamiento y comunicación, las cuales ya cuentan con respaldo judicial. Además, trascendió que el denunciado no se presentó a una audiencia previamente citada, lo que complica aún más su situación legal.
Uno de los puntos más delicados del caso es la protección que le otorga el fuero constitucional en su calidad de regidor. Para que el proceso penal avance formalmente, podría requerirse un procedimiento ante el Congreso del Estado que permita retirarle dicha inmunidad y así someterlo a la acción de la justicia. No obstante, se analiza si existen condiciones legales para proceder directamente sin agotar este paso, lo que abre un debate jurídico sobre el alcance de su cargo frente a los señalamientos.
Mientras tanto, las autoridades enfrentan dificultades incluso para ubicar y notificar formalmente al regidor en el ámbito familiar, ya que ha sido complicado emplazarlo en su domicilio. Ante ello, se ha instruido que la notificación se realice en el lugar donde sea localizado, incluyendo instalaciones del propio Ayuntamiento si es necesario. Asimismo, ya se ejecuta un descuento alimentario como parte de las medidas derivadas del proceso familiar.
El caso no solo pone bajo escrutinio la conducta de un funcionario público, sino también la capacidad institucional para actuar con firmeza ante acusaciones de esta magnitud, especialmente cuando se trata de servidores que cuentan con protección legal. En un contexto político ya tensionado en Piedras Negras, este episodio agrega un nuevo frente de presión que podría tener consecuencias tanto jurídicas como políticas en el corto plazo.
