Impone Jacobo nuevo cobro del 2.5% de alumbrado; primero a comercios, luego familias
En medio de la difícil situación económica que atraviesan los comercios y empresas de Piedras Negras por el cierre de maquiladoras y la pérdida de más de cinco mil empleos, el alcalde Jacobo Rodríguez llevó al Cabildo la propuesta de aplicar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), un impuesto que si bien existe en la legislación, ningún otro edil se había atrevido a imponer.
La medida, aprobada por mayoría con 11 votos a favor y 9 en contra, establece que inicialmente se aplicará un 2.5% adicional en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a alrededor de 4 mil comercios y empresas de la ciudad. Aunque el alcalde y su equipo defienden que este recurso no ingresará directamente a las arcas municipales, sino que será descontado del gasto que el propio Ayuntamiento realiza en energía eléctrica, el trasfondo es claro: se traslada a la iniciativa privada una carga económica que difícilmente podrá absorber en tiempos de recesión local.
El argumento oficial, expuesto por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, se sostiene en el artículo 115 de la Constitución, que faculta a los municipios para administrar y cobrar por los servicios públicos. Sin embargo, lo que la administración evade reconocer es que detrás de esta decisión se esconde la incapacidad de cubrir los costos del alumbrado con recursos propios, recurriendo a una medida que en la práctica significa un nuevo golpe al sector productivo de la ciudad.
La votación dividida reflejó el descontento: mientras los regidores de oposición alertaron sobre las consecuencias negativas para la planta productiva, los representantes de Morena avalaron sin cuestionar la iniciativa, cerrando filas con el alcalde pese a que el comercio local apenas sobrevive frente a la pérdida de miles de empleos. Lo que ahora comienza con el sector privado, tarde o temprano alcanzará a los hogares nigropetenses, pues la misma administración ha reconocido que la intención es extender este impuesto a las tarifas domésticas.
El llamado “colmillo” del 2.5% en el cobro del DAP exhibe no solo una visión recaudatoria, sino también la falta de sensibilidad ante la crisis que padecen las familias y empresas locales. Al trasladar a los ciudadanos la incapacidad de sostener el gasto en alumbrado público, la administración de Jacobo Rodríguez marca un precedente que, lejos de fortalecer las finanzas municipales, amenaza con asfixiar a un sector económico ya debilitado.
