Redacción | Piedras Negras, Coah.- La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la noche del domingo una diligencia en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado en la Unidad Deportiva Santiago B. González, luego de una denuncia interpuesta por el DIF estatal por la presunta ocupación indebida del inmueble. El operativo obligó a reubicar a personas que se encontraban pernoctando en el lugar tras participar en una competencia nacional que concluyó ese mismo día.
Al sitio acudieron elementos de la Policía del Estado, agentes de Investigación Criminal y personal del Ministerio Público, quienes realizaron las actuaciones correspondientes dentro del edificio, propiedad del Gobierno del Estado y cuyo uso está otorgado en comodato al DIF estatal. También se presentó la representante jurídica del Municipio para atender la diligencia.
De acuerdo con autoridades estatales, el traslado no afectó a deportistas con discapacidad, aclarando que únicamente 15 adultos fueron reubicados en un hotel de la localidad, en medio de un operativo que dejó ver la improvisación y la falta de coordinación institucional en un espacio destinado precisamente al desarrollo deportivo.
Sin embargo, el fondo del conflicto va más allá de esta diligencia. Todo se origina desde el pasado viernes, cuando la asesora jurídica del Municipio, Ariana García, desalojó al personal del DIF estatal del mismo inmueble, pese a que este organismo cuenta con el uso legal del espacio mediante comodato. Esta acción detonó la denuncia por despojo que ahora mantiene a la Fiscalía interviniendo en el caso.
Lo ocurrido no sólo derivó en un despliegue judicial innecesario, sino que también evidenció cómo decisiones administrativas mal ejecutadas terminan escalando a conflictos legales y mediáticos. Mientras las autoridades se disputan espacios y responsabilidades, los recintos públicos —que deberían servir a la comunidad— terminan siendo escenario de confrontaciones que poco abonan a la certeza institucional en Piedras Negras.
