Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.– La revisión de las finanzas municipales dejó de estar solamente en la discusión del Cabildo. Personal de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila inició este miércoles trabajos de fiscalización en la Presidencia Municipal de Piedras Negras sobre el ejercicio fiscal 2025, en medio de cuestionamientos acumulados por contratos, gasto público y cuentas que no han conseguido el respaldo del órgano colegiado.
El arranque de las diligencias provocó una jornada extraordinaria entre empleados administrativos, particularmente en áreas relacionadas con el manejo financiero. Además se dio a conocer que personal fueron requeridos para extender horarios e incluso atender solicitudes durante el fin de semana ante la documentación que comenzó a concentrarse para responder a los requerimientos de fiscalización.
Este miércoles, la presencia de los auditores fue visible en las instalaciones municipales y en el estacionamiento de Presidencia. Fuentes señalaron que el grupo participa en las diligencias y ha requerido documentación de distintas dependencias, con especial carga de trabajo en Tesorería. La revisión comprende información correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
La llegada de la ASEC ocurre después de meses de confrontación alrededor de las cuentas de la administración encabezada por Jacobo Rodríguez. Durante distintas sesiones de Cabildo, regidores han votado en contra de informes financieros y han planteado públicamente cuestionamientos sobre partidas, comprobación del gasto, contratación de servicios y movimientos de recursos. La cuenta anual de 2025 tampoco obtuvo aprobación del Cabildo y, de acuerdo con el seguimiento realizado por este medio, se han acumulado además rechazos a cuentas mensuales y trimestrales.
Entre los asuntos que han concentrado señalamientos se encuentra el gasto relacionado con la Feria del Norte de 2025. Regidores y actores políticos han cuestionado públicamente contrataciones directas, costos de espectáculos y otros servicios asociados con el evento, cuyo gasto fue ubicado por los críticos de la administración por encima de los 42 millones de pesos. También se ha señalado un resultado financiero desfavorable para el Municipio cercano a la mitad de esa cantidad. Estas cifras y señalamientos forman parte de la controversia pública alrededor del ejercicio, pero corresponderá a las instancias fiscalizadoras establecer su tratamiento contable y determinar si existieron irregularidades.
Otro de los rubros bajo cuestionamiento corresponde a la estructura de personal y contrataciones de la administración. Durante 2025 se formularon señalamientos sobre plazas, servicios y erogaciones de nómina cuya necesidad y sustento han sido cuestionados desde el propio Cabildo. La revisión documental permitirá establecer si las contrataciones cumplieron con los procedimientos administrativos, presupuestales y de comprobación exigidos por la legislación.
El gasto relacionado con servicios de salud también forma parte de los rubros que han generado dudas. Se han señalado públicamente erogaciones superiores a 25 millones de pesos relacionadas con el esquema de atención médica municipal, clínicas particulares, laboratorios y suministro de medicamentos. El punto que deberá esclarecer la documentación es cómo fueron contratados esos servicios, qué prestaciones fueron efectivamente recibidas y bajo qué mecanismos fueron comprobados los recursos.
A ello se suma el programa de conectividad contratado para planteles educativos. El Municipio ha difundido que el servicio alcanza a más de un centenar de escuelas, mientras que los cuestionamientos colocan el costo alrededor de 22 millones de pesos y apuntan hacia una empresa de Monterrey como prestadora. Más allá de la cobertura anunciada, la revisión deberá permitir conocer las condiciones de contratación, alcances reales, costos y justificación del servicio pagado con recursos públicos.
De acuerdo con la información obtenida por este medio, los auditores revisan al menos seis asuntos en los que se busca aclarar el ejercicio de recursos y documentación correspondiente. El procedimiento puede abarcar partidas presupuestales, contratos, proveedores, obra pública, transferencias y demás operaciones que formen parte de las cuentas municipales sujetas a revisión.
Además del análisis correspondiente a 2025, fuentes consultadas señalan que existe seguimiento sobre operaciones realizadas durante 2026, lo que permitirá contrastar documentación y movimientos recientes con el comportamiento financiero de la administración. Esto coloca la fiscalización en un escenario distinto al debate político que durante meses se sostuvo dentro del Cabildo; ahora son documentos, contratos, facturas, procedimientos y comprobaciones los que deberán respaldar el ejercicio del dinero público.
Jacobo Rodríguez había restado importancia previamente a los cuestionamientos derivados de la falta de aprobación de las cuentas y sostuvo que “no pasaba nada” ante esos rechazos. La llegada de la ASEC no demuestra por sí misma que los señalamientos formulados contra su administración sean ciertos, pero sí traslada la discusión hacia el terreno institucional de la fiscalización, donde las explicaciones políticas deberán encontrar respaldo en documentación.
La presencia de auditores en Presidencia y la solicitud de información no equivalen a una determinación de responsabilidad ni permiten concluir anticipadamente que se cometieron faltas administrativas o delitos. La revisión se encuentra en desarrollo y será la Auditoría Superior del Estado la encargada de formular, en su caso, observaciones, solicitar aclaraciones y determinar cuáles pueden solventarse conforme al procedimiento correspondiente.
Pero tampoco se trata ya únicamente de cuestionamientos pronunciados desde una curul del Cabildo. Después de un ejercicio marcado por cuentas rechazadas y señalamientos sobre gastos millonarios en feria, salud, conectividad, nómina y contrataciones, la administración enfrenta ahora una revisión documental sobre el manejo de los recursos de 2025 y, de acuerdo con la información disponible, seguimiento de operaciones de 2026.
Las conclusiones todavía no existen y anticiparlas sería incorrecto. Lo que sí existe desde este miércoles es una fiscalización en marcha dentro de la Presidencia Municipal. Será el resultado de ese procedimiento el que determine si el desorden financiero denunciado durante meses encuentra sustento en observaciones formales o si el Gobierno Municipal logra acreditar la legalidad, justificación y correcta aplicación de los millones de pesos que ahora están bajo revisión.
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