Embargo exhibe fallas del Ayuntamiento; Tribunal asegura 7.6 mdp por conflicto con sindicato
Redacción | Piedras Negras, Coah.– El conflicto laboral que el Ayuntamiento de Piedras Negras intentó sortear mediante un amparo terminó por exhibir nuevamente la profunda improvisación jurídica y política con la que la administración municipal ha manejado el caso del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Públicas. Este lunes se confirmó el embargo de una cuenta del municipio por más de 7.6 millones de pesos, ordenado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Coahuila para garantizar el pago de subsistencia a los trabajadores afectados.
El aseguramiento se deriva del laudo emitido a favor del sindicato el pasado 1 de octubre, y que el municipio buscó impugnar mediante un amparo directo. Sin embargo, mientras avanza dicho recurso —admitido apenas el 12 de noviembre—, el Tribunal determinó que era necesario congelar recursos municipales ante el riesgo de que los trabajadores quedaran en indefensión, especialmente después de que la administración decidiera romper negociaciones, desconocer al gremio y anunciar su desaparición en mayo, depositando 22 millones de pesos como supuestas liquidaciones para sus 110 integrantes.
La resolución judicial analiza las promociones presentadas por el abogado de los trabajadores, Pablo Ernesto Meza Quintanilla, y declara procedente el embargo de la cuenta 1059487606 de Banorte, registrada a nombre del propio Ayuntamiento. El monto corresponde a seis meses de subsistencia para cada empleado, con cantidades individuales que van de 75 mil a 136 mil pesos, sumando un total de 7,650,693 pesos.
Lo más crítico para la administración municipal es que esta medida se da pese a la referencia constante que han hecho sus propios asesores legales respecto al artículo 137 de la Ley de Amparo, que establece que las autoridades públicas están exentas de otorgar garantías en estos procesos. No obstante, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aplicó la normatividad laboral correspondiente y determinó que el embargo era procedente para proteger los derechos de los trabajadores mientras continúa el proceso.
La orden fue emitida por la magistrada Eva de la Fuente Rivas, presidenta del Tribunal y de la Sala Superior, quien instruyó a la sucursal 088 de Banorte en Piedras Negras retener los recursos de la cuenta municipal. La instrucción quedó asentada por el secretario general de acuerdos, Roberto Alejandro Ramírez Maldonado, conforme al artículo 202 Bis del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado.
Mientras el Ayuntamiento insiste en su estrategia legal y defiende la validez de su amparo, el fallo del Tribunal no solo confirma la solidez del reclamo sindical, sino que profundiza la percepción de un gobierno municipal incapaz de atender con responsabilidad un conflicto que él mismo detonó. Las investigaciones, revisiones y procesos jurídicos continúan, pero la administración ya enfrenta un golpe financiero y político que difícilmente podrá minimizar.
