Crece la presión contra Alfredo Bedolla por presuntos nexos con el crimen
tras asesinato de Carlos Manzo
Redacción | Morelia, Mich.- Michoacán vuelve a estar en el ojo del huracán. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no solo desató indignación nacional, sino que reavivó las acusaciones que desde hace meses pesan sobre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien diversas fuentes —incluida la cuenta de investigación “Narcopolíticos”— señalan por supuestos nexos con Cárteles Unidos, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del estado.
El crimen de Manzo, ocurrido el pasado fin de semana, se suma a una serie de hechos que evidencian la descomposición institucional que vive Michoacán, donde el control territorial entre grupos del narcotráfico ha dejado miles de muertos y mantiene a varios municipios bajo una constante amenaza.
De acuerdo con la información difundida por Narcopolíticos, el nombre del gobernador Ramírez Bedolla aparece en documentos de inteligencia militar, particularmente en reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se le relaciona con Cárteles Unidos y se mencionan presuntos vínculos familiares y políticos con operadores del crimen organizado.
El portal asegura que, desde su llegada al poder en 2021, el mandatario morenista habría favorecido indirectamente a esa agrupación criminal mediante omisiones y pactos tácitos que han debilitado la presencia del Estado en regiones clave como Tierra Caliente y la zona de Uruapan, donde recientemente fue asesinado el edil.
Estas versiones no son nuevas. En su momento, Hipólito Mora, fundador de las autodefensas —quien también fue asesinado en 2023—, señaló abiertamente que Ramírez Bedolla ganó la gubernatura gracias al respaldo de Cárteles Unidos, una afirmación que hoy cobra nueva relevancia tras la muerte de Manzo y la creciente violencia que sufre el estado.
El conflicto interno entre los Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene a Michoacán en una guerra abierta. Según los registros citados por Narcopolíticos, más de mil 700 personas han sido asesinadas desde octubre de 2021, sin que exista una estrategia real de pacificación. Incluso, el propio CJNG ha difundido mensajes donde acusa al gobernador de proteger a su competencia criminal.
Mientras tanto, el “Plan Michoacán” anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de seguridad ha sido duramente criticado por su superficialidad. Desde el Congreso, legisladores de oposición han exigido la renuncia de Ramírez Bedolla, señalando que ningún proyecto de pacificación será creíble mientras en el gobierno persistan las sospechas de complicidad con el crimen organizado.
El asesinato de Carlos Manzo no es un hecho aislado, sino el reflejo de un estado capturado por la violencia y la impunidad, donde —según voces locales— la línea entre la política y el narcotráfico parece haberse desdibujado por completo.
Y mientras la sangre sigue corriendo en los municipios michoacanos, el silencio oficial y las respuestas evasivas del gobernador alimentan aún más las dudas sobre hasta qué punto el poder político en Michoacán sigue siendo rehén del crimen.
