
Contraloría reconoce investigaciones pero no define responsabilidades
Redacción | Piedras Negras, Coah.- Durante la conferencia matutina de este miércoles, el contralor municipal Adrián García Loza confirmó que existen investigaciones en curso derivadas de auditorías federales, sin embargo, dejó más dudas que respuestas sobre el alcance real de las irregularidades detectadas. Esto luego de que se cuestionara la presencia de exfuncionarios en instalaciones municipales tras la circulación de información relacionada con observaciones de la Auditoría Superior.
El propio contralor explicó que desde el año pasado se iniciaron revisiones por parte de la autoridad federal, las cuales derivaron en la solicitud de información y en la apertura de distintas carpetas. Señaló que, como parte de este proceso, se citó a tres funcionarios municipales para responder por posibles faltas administrativas, aunque evitó precisar si estas podrían configurarse como desvío de recursos, dejando esa determinación en manos de la autoridad federal.
A pesar de la insistencia, García Loza no logró aclarar si las observaciones detectadas corresponden a errores administrativos o a conductas deliberadas, limitándose a señalar que será la Auditoría Superior de la Federación quien determine la gravedad de los hechos. Incluso, reconoció que existen al menos cinco auditorías en curso, de las cuales dos ya fueron turnadas a instancias de investigación por presuntas faltas graves, lo que evidencia que el tema está lejos de ser menor.
El manejo del tema por parte de la Contraloría dejó entrever una postura evasiva, al no asumir una posición clara sobre posibles responsabilidades dentro de la administración, trasladando en todo momento la definición del caso a instancias externas. Mientras tanto, se informó que los involucrados cuentan con un plazo de 30 días para solventar las observaciones realizadas.
Por su parte, la asesora legal del Ayuntamiento, Ariana García Bosque, intentó dar mayor contexto a una de las observaciones más relevantes, relacionada con una inversión destinada presuntamente a la construcción de un centro recreativo para adultos mayores en la unidad deportiva. No obstante, reveló que hasta el momento no se ha podido identificar físicamente dicha obra, lo que abre la posibilidad de una investigación más profunda.
Ante esta situación, se anunció que se iniciará una pericial para determinar si existe algún indicio de desvío de recursos, independientemente del procedimiento administrativo en curso. Este señalamiento resulta especialmente delicado, ya que se trata de recursos destinados a un sector vulnerable, en un contexto donde incluso se ha reconocido la falta de espacios adecuados para la atención de adultos mayores en la ciudad.
El contraste entre la falta de claridad del contralor y la gravedad de los señalamientos expuestos deja en evidencia un manejo institucional cuestionable, donde las respuestas no terminan de explicar el fondo del problema. Mientras las investigaciones avanzan, el tema continúa generando incertidumbre sobre el uso de los recursos públicos y la capacidad de la Contraloría para dar certeza en un asunto de alto interés público.



