Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- El agua que durante generaciones permitió el desarrollo de Piedras Negras y los municipios de los Cinco Manantiales enfrenta una discusión que ya no puede reducirse únicamente a inversiones, empleos o programas de responsabilidad social. La operación de grandes industrias de bebidas en la región, particularmente Constellation Brands y Coca-Cola, obliga a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: hasta dónde puede permitirse la extracción industrial de un recurso del que también depende el futuro de las comunidades.
El acuífero Allende-Piedras Negras constituye una de las principales reservas subterráneas de esta zona y abarca total o parcialmente municipios como Piedras Negras, Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, Villa Unión y Guerrero. Estudios oficiales de Conagua han documentado además su relación con la Serranía del Burro, donde la infiltración de lluvia alimenta el sistema subterráneo que posteriormente descarga a través de manantiales de la región. Es decir, no se trata de depósitos aislados, sino de un sistema hídrico compartido cuya administración repercute en varios municipios.
Es precisamente ahí donde el crecimiento industrial debe estar acompañado de vigilancia pública, información actualizada y límites claros. Constellation Brands reconoce que su planta de Nava se abastece del acuífero Allende-Piedras Negras y sostiene que sus proyectos de infraestructura buscan hacer más eficiente el aprovechamiento del recurso. La compañía también ha realizado obras de rehabilitación de redes de agua en Nava y Zaragoza y sostiene que trabaja bajo objetivos de sustentabilidad y compensación hídrica.
Sin embargo, las inversiones sociales de una compañía no sustituyen la obligación de transparentar permanentemente cuánto se extrae, cómo evoluciona el acuífero y qué capacidad tendrá para responder a las necesidades futuras de la población. Tampoco una beca, una obra hidráulica o la reparación de una red municipal deberían convertirse en argumento suficiente para cerrar la discusión sobre la cantidad de agua que puede destinarse a la producción industrial.
Desde hace años habitantes y autoridades de la región han protagonizado controversias por la extracción de agua destinada a la industria cervecera. Este septiembre, ciudadanos de Zaragoza volvieron a manifestarse por un proyecto relacionado con la extracción de agua en San Ildefonso y reclamaron al alcalde Evelio Vara Rivera una postura ante las posibles repercusiones para el recurso hídrico. El episodio evidenció que, independientemente de las explicaciones empresariales, existe una preocupación social que exige respuestas técnicas y públicas.
La discusión tampoco puede construirse únicamente desde un extremo. Constellation ha sostenido históricamente que su operación representa una proporción reducida de la extracción total del acuífero y ha defendido la eficiencia hídrica de su planta. En controversias anteriores, autoridades estatales atribuyeron problemas de suministro registrados en Zaragoza al deterioro de las redes municipales y no al abatimiento provocado por la cervecera. Esos antecedentes muestran precisamente por qué se requieren mediciones oficiales periódicas y accesibles que permitan conocer la condición actual del sistema y no depender solamente de afirmaciones empresariales, políticas o ciudadanas.
Ahí está el verdadero punto. Ni Constellation Brands ni Coca-Cola pueden quedar fuera de una política regional que coloque primero la seguridad hídrica de las ciudades. El agua destinada a la actividad industrial debe sujetarse a disponibilidad comprobable, monitoreo constante y condiciones capaces de modificarse cuando la conservación del acuífero así lo requiera. Una concesión o autorización no debería interpretarse como un cheque en blanco frente a condiciones ambientales que pueden cambiar con los años.
Durante décadas, las comunidades de esta región construyeron su desarrollo alrededor de un recurso que parecía abundante. Hoy el crecimiento urbano, la agricultura, la ganadería y la industria compiten dentro de una realidad distinta. Precisamente por eso, las decisiones sobre el agua no pueden tomarse exclusivamente desde oficinas corporativas ni responder solamente a necesidades inmediatas de producción. El interés económico es legítimo, pero también lo es el derecho de una región a exigir certidumbre sobre el recurso del que depende su futuro.
Constellation ha presentado como parte de su estrategia ambiental proyectos de modernización de infraestructura, rehabilitación de redes y acciones para mejorar el acceso al agua en comunidades cercanas. Son inversiones que deben reconocerse por lo que representan, pero que tampoco eliminan la necesidad de fiscalizar la extracción industrial. Responsabilidad social y regulación hídrica son asuntos distintos. Una empresa puede invertir millones en una comunidad y, al mismo tiempo, estar obligada a demostrar que su demanda de agua es sostenible a largo plazo.
El mismo principio debe aplicarse a Coca-Cola y a cualquier otra industria intensiva en agua que opere en el norte de Coahuila. La discusión no debería centrarse en satanizar empresas ni en desconocer los empleos y la actividad económica que generan, sino en establecer una regla elemental: ninguna inversión puede colocarse por encima de la disponibilidad futura de agua para las ciudades que la reciben.
Si las condiciones del acuífero cambian, los volúmenes autorizados también deben poder revisarse. Si existe riesgo para el abastecimiento humano, la producción industrial debe ajustarse. Y si las empresas sostienen que su operación no representa una amenaza, corresponde que las autoridades hagan públicos los estudios, mediciones, títulos, volúmenes extraídos y evolución de los niveles del agua que permitan comprobarlo.
Porque el debate de fondo no es cerveza contra población, refrescos contra empleos o inversión contra desarrollo. Es decidir qué ocurrirá dentro de 10, 20 o 30 años si hoy no existen reglas suficientemente estrictas para administrar un recurso finito. Las plantas industriales pueden reducir producción, modificar procesos e incluso trasladar operaciones. Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Allende y el resto de las comunidades del norte de Coahuila no pueden trasladar el acuífero del que dependen.
El desarrollo económico es necesario, pero tiene que tener límites cuando entra en juego el agua. Y esos límites deben comenzar donde aparece el riesgo para las familias, productores y comunidades que estaban aquí mucho antes de que llegaran las grandes corporaciones. El futuro del norte de Coahuila no puede quedar condicionado a cuánto puedan producir Constellation Brands o Coca-Cola, sino a cuánta agua puede utilizar la región sin comprometer a las generaciones que todavía tendrán que vivir de ella.
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