Congreso de Tamaulipas busca atraer decisión de desafuero de Cabeza de Vaca
Con el voto en contra de la fracción de Morena, se aprobó una reforma que establece que el Congreso del estado puede definir los procesos de desafuero en contra de funcionarios locales.
El Congreso de Tamaulipas busca atraer el proceso de desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y aprobó las reglas y los procedimientos de la homologación del proceso de desafuero para definir el proceso.
En la sesión de este martes, la diputada del PAN, Karla Mar Loredo, dio a conocer los fundamentos legales para este proceso, con los que se establece que el Congreso local tiene la facultad de decidir sobre el desafuero, independientemente de lo que dictamine la Cámara de Diputados.
“Se aprueban la reglas que establecen el procedimiento de homologación para el ejercicio de la atribución que confiere al Congreso del Estado el párrafo del artículo 115 de la Constitución, en relación con el párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y con el segundo párrafo del artículo cuarto de la estatal”, detalló.
Señalando que resulta claro “que las autoridades federales, Cámara de Diputados y Ministerio Público Federal no tienen facultad expresa, exclusiva, constitutiva de situaciones jurídicas ni determinantes para desaforar a un servidor público local que desee, sino que por el contrario sólo tiene la facultad declarativa, comunicativa y parcial que debe completarse con una decisión constitutiva de la Legislatura local para desaforar”, señaló.
¿Cómo será el procedimiento?
Una vez que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva reciban la declaración de la Cámara de Diputados, en caso de aprobarse el desaforo, se someterá el acuerdo a votación del pleno de forma inmediata para adoptar los acuerdos que correspondan, y de no encontrarse en sesión se convocará de inmediato a sesión ordinaria o extraordinaria para tal fin.
Al tratarse, explicó, de un procedimiento de homologación adversarial, se dará oportunidad a las partes que conformen el procedimiento a ofrecer el material probatorio que consideren adecuado para sostener la acusación y la defensa respectivamente.
“La Comisión Instructora deberá revisar todas las promociones de las partes y determinar a través de un acuerdo por mayoría absoluta si hay lugar o no a proceder penalmente en contra del inculpado o si deba ponerse a disposición del Ministerio Público”, señaló.
En caso que el gobernador sea separado de su cargo, el Congreso del Estado elegirá de inmediato a quien lo sustituirá mientras se lleva a cabo su proceso.
Con información de Milenio
