Confirman ilegalidad tras ingreso de policías a domicilio
Redacción | Piedras Negras, Coah.– La presunta ilegalidad en el actuar de elementos de la Policía Municipal, así como la suspensión preventiva de los agentes involucrados, se colocaron como el eje central del debate público luego de la difusión de un video en el que se observa una intervención policial que habría derivado en el ingreso a un domicilio particular, hecho que ya había sido documentado por este medio durante el fin de semana.
Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, fue cuestionado por representantes de la prensa local sobre el caso y reconoció que ingresar a un domicilio sin orden judicial ni consentimiento es ilegal, aun cuando exista una persecución previa, especialmente cuando el origen del incidente fue una falta administrativa de tránsito y no la comisión de un delito grave.
De acuerdo con la versión oficial preliminar, los hechos se originaron cuando agentes de tránsito marcaron el alto a un motociclista que presuntamente circulaba sin casco. Al no atender la indicación, se inició una persecución que concluyó al interior de un domicilio, situación que quedó registrada parcialmente en el video que circula en redes sociales y que detonó la indignación ciudadana.
El funcionario municipal admitió que, aunque existen criterios legales que permiten distintos niveles de contacto entre autoridades y ciudadanos, una infracción de tránsito no justifica la violación de un domicilio, salvo en casos excepcionales plenamente acreditados, lo cual hasta ahora no ha sido demostrado.
Aguilar confirmó que los policías involucrados fueron suspendidos de sus funciones de manera preventiva, aunque no separados definitivamente del cargo, mientras la Contraloría Municipal integra la investigación correspondiente. Señaló que las posibles sanciones dependerán del análisis de las versiones de los agentes y de los videos captados por las cámaras de solapa, los cuales aún no han sido presentados públicamente.
No obstante, la autoridad reconoció que la respuesta institucional ha sido percibida como tardía, lo que ha generado mayores cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la falta de una explicación inmediata que contribuya a calmar los ánimos de la opinión pública.
Además, se adelantó que la Visitaduría de Derechos Humanos podría iniciar una queja de oficio, sin perjuicio de que las personas afectadas interpongan denuncias ante las instancias correspondientes, lo que abriría un frente legal paralelo al procedimiento interno del municipio.
El caso vuelve a evidenciar la necesidad de revisar a fondo los protocolos de actuación policial y la supervisión interna, pues más allá del video viral, el punto de fondo que hoy se cuestiona es la legalidad del actuar policial y la efectividad de las sanciones cuando se vulneran derechos fundamentales, especialmente en hechos que no constituyen delitos y que, aun así, derivan en acciones que la propia autoridad reconoce como ilegales.
