Busca Municipio acuerdo por choque de patrulla sin acudir al MP

Redacción | Piedras Negras, Coah.- A más de una semana del accidente en el que una patrulla municipal se vio involucrada y dejó con pérdida total el vehículo de una familia nigropetense, el Gobierno de Piedras Negras mantiene negociaciones para alcanzar un acuerdo económico con los afectados, mientras el caso sigue sin judicializarse ante el Ministerio Público, un escenario que especialistas consideran improcedente tratándose de un hecho en el que participó una unidad oficial.

Durante su conferencia matutina, el alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que la aseguradora únicamente valuó el automóvil siniestrado en 20 mil pesos, cantidad que calificó como insuficiente. Ante ello, aseguró que su administración analiza aportar recursos adicionales para mejorar la indemnización y lograr que la familia acepte el convenio. «Queremos llegar a un acuerdo donde todos estén contentos», expresó al señalar que el objetivo es complementar el monto ofrecido por la compañía de seguros.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que los afectados primero acudieron con el comisario de Seguridad Pública y posteriormente sostuvieron una reunión con él por instrucciones del alcalde. Precisó que, hasta el momento, el municipio no ha recibido una propuesta formal por escrito de la aseguradora, aunque ésta habría comunicado verbalmente una oferta de 20 mil pesos. Agregó que la administración busca presionar a la compañía para incrementar la indemnización y que el Ayuntamiento aporte una cantidad similar como complemento, al considerar que el valor asignado al vehículo no corresponde con su costo real.

Sin embargo, el caso ha abierto nuevamente el debate sobre la actuación institucional cuando una unidad oficial participa en un accidente. Más allá del monto económico, llama la atención que la ruta elegida por el Ayuntamiento sea una negociación directa con la familia afectada, sin que hasta ahora se haya informado sobre la presentación de una denuncia o la intervención formal del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme al marco legal.

En hechos de tránsito donde intervienen vehículos oficiales y existen daños materiales de consideración, el procedimiento legal no sólo permite determinar responsabilidades, sino también brinda certeza jurídica tanto a la autoridad como a los particulares involucrados. Resolver el caso únicamente mediante un acuerdo económico puede dejar sin esclarecer aspectos relevantes del accidente y genera cuestionamientos sobre si el mismo criterio se aplicaría cuando el involucrado fuera un ciudadano y no una unidad del Gobierno Municipal.

Mientras las autoridades municipales sostienen que buscan una solución que deje satisfechas a las partes, el expediente continúa desarrollándose en el ámbito administrativo y con la aseguradora, sin que se haya informado públicamente sobre la apertura de una carpeta de investigación. El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de privilegiar el Estado de Derecho por encima de los acuerdos políticos o económicos cuando existen bienes públicos y servidores públicos involucrados.