Avalan reforma para ‘embargar’ sueldo por créditos de nómina

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite «embargar» el salario de los trabajadores para evitar que los créditos de nómina que otorgan algunas instituciones se conviertan en cartera vencida.

Con 237 votos a favor, 201 en contra, incluidos diputados de Morena y del PT, y 18 abstenciones, el Pleno de San Lázaro avaló incluir en la ley el concepto de «cobranza delegada», a través del cual, los patrones deberán pagar los créditos de sus empleados antes de entregarles o depositarles sus salarios.

Para ello, los trabajadores estarán obligados a firmar con éstos un contrato llamado «libranza» y un convenio de cumplimiento de pago con la institución de crédito. Estos documentos considerarán el salario, las percepciones extraordinarias de carácter laboral y las indemnizaciones de igual naturaleza como únicas fuentes de pago.

La morenista Susana Prieto afirmó que la reforma no legitima los intereses de los trabajadores sino de los banqueros y de los agiotistas.

«Actualmente, sin que los diputados, sin que el Congreso de la Unión toque a los banqueros, están cobrándoles de intereses sobre nómina hasta 110 por ciento. Dicen, ¿quieres que siga así? Le digo bueno, con el dictamen ¿cómo va a salir? Ya nada más vamos a autorizar que les cobren el 80 por ciento. ¡Qué barbaridad!, ¡qué orgullo! Mejor que se queden sin que intervengamos.

«Si seguimos defendiéndolos así, los vamos a llevar directo a suicidarse cuando no puedan pagar las deudas que contraigan con los banqueros», lamentó.

La abogada laboral dijo estar completamente en contra del dictamen, porque a pesar del aumento histórico del salario mínimo registrado en lo que va de esta Administración, los ingresos de los trabajadores siguen siendo precarios y todos los días necesitan un préstamo.

«Tener aquí a los trabajadores sujetos a que su patrón les descuente estos créditos es verdaderamente inaceptable, como fue inaceptable que por una tesis emitida en 2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se les descuente y se les embargue su salario por deudas de carácter civil y mercantil», sostuvo.

Prieto reveló que votó a favor de una moción suspensiva presentada por el PAN para regresar la minuta a Comisiones a fin de ampliar su análisis, lo que ocasionó la molestia de algunos de sus correligionarios.

«¿Adónde pretendemos llevar a la clase trabajadora de este País si no hacemos nuestro trabajo a conciencia, a verdad sabida y con toda buena fe guardada?», cuestionó.

Ildefonso Guajardo, diputado del PRI, señaló que si bien es necesario regular este tipo de créditos, esto no será posible con una mala legislación, que lo único que hace es darle a las instituciones financieras el privilegio de garantizar el pago, bajando el riesgo para éstas.

Como ejemplo, advirtió que la mayoría parlamentaria ni siquiera consideró qué va a pasar con la irrevocabilidad de la firma del trabajador en circunstancias extremas, como otra pandemia o la pérdida del empleo.

El ex Secretario de Hacienda cuestionó por qué la Comisión de Hacienda no invitó a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFE) a emitir una opinión sobre la minuta y barajeó que, quizá, porque no querían esa opinión.

Guajardo llamó a los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo que le manifestaron preocupaciones sobre la minuta a mostrar con su voto su congruencia con la defensa de los trabajadores.

Al presentar una moción suspensiva que fue rechazada por la mayoría, el panista Mario Riestra advirtió que la reforma es inconstitucional, porque atenta contra el Artículo 123, que establece que el salario está exceptuado de embargo, compensación o descuento.

Riestra indicó que también es violatoria de la Ley Federal del Trabajo que plantea como derecho de los trabajadores disponer libremente de su salario y advierte que éste es irrenunciable y que no podrá ser embargable, salvo caso de pensiones.

El panista advirtió que tal como está redactada, la reforma podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La también panista, Patricia Terrazas, lamentó la prisa de la mayoría para aprobar la minuta y denunció que ésta contiene cambios que no fueron discutidos en la Comisión de Hacienda.

Terrazas cuestionó a la mayoría si la intención de fondo de reforma es beneficiar a los trabajadores o las Sofomes, y acusó a algunos de sus integrantes de ser socios de algunas de éstas.

En días pasados, la morenista Patricia Armendáriz se excusó de la discusión del dictamen en la Comisión de Hacienda por ser accionista minoritaria de una entidad de crédito.

«En términos simples, es que el patrón sea el cobrador del sector financiero, pero lo grave no está ahí, lo grave es que se descuenta al trabajador desde antes de que reciba su salario el importe de los créditos por ley, es decir, ustedes, con sus votos, avalarán operaciones agiotistas», afirmó.

La panista indicó que en bancos como Santander, el incremento de los créditos de nómina ha sido de 20.9 por ciento, mientras que en Banco Azteca fue de 427.3 por ciento, y una de las principales causas es la crisis económica generada por la pandemia.

El emecista Salvador Caro llamó a los diputados del PT a no traicionar a los trabajadores y demandó a Morena hacer públicos los nombres de diputados y senadores que tienen financieras.

«Esto hay que llamarlo por su nombre, esto que está haciendo Morena es igual al Fobaproa», afirmó.

El perredista Benjamín Robles sostuvo que lo busca esta modificación es regular un mercado que ya existe y el cual está plagado de abusos para los trabajadores.

El legislador aseguró que actualmente hay bancos que cobran hasta 106 por ciento del CAT de costo anual y es aquí en donde hay que poner límites.

«Lo que propone regular es la relación jurídica del crédito de nómina, para que las partes tengan conocimiento y no estén al margen de la ley», dijo.

Robles afirmó que los convenios de cumplimiento de pago y los contratos de «libranza» son instrumentos en defensa de los trabajadores, porque además de que los modelos de éstos deberán ser aprobados por las autoridades correspondientes, se crearán mecanismos para vigilar que los términos de éstos se cumplan.

Con información de Reforma