Arremete Jacobo contra la prensa ‘golpista’ al ser cuestionado sobre embargo

Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.– En lugar de aclarar con precisión la situación jurídica y financiera derivada del embargo de una cuenta municipal por 7.6 millones de pesos, el alcalde Jacobo Rodríguez optó, durante su rueda de prensa de este jueves, por lanzar una dura embestida contra los medios de comunicación críticos, a los que calificó como “golpistas” y acusó de manipular información para perjudicar a su administración.

El cuestionamiento central —el embargo ordenado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a raíz del conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores de Obras Públicas— quedó relegado entre una larga declaración en la que el alcalde responsabilizó a ciertos medios de intentar “derribar al gobierno”, afirmando que sólo buscan “injuriar, mentir y manipular”.

Según Rodríguez González, el Ayuntamiento estaba “preparado” para la liquidación del sindicato, pues había previsto desde antes el monto necesario para ese proceso. Aseguró que no existe riesgo financiero alguno y pidió a la ciudadanía “no creerle a los medios que están todos los días tirando”, señalando que quienes cuestionan fuera de su conferencia “no tienen los pantalones” para debatir frente a él.

El alcalde insistió en que cualquier periodista que desee respuestas debe acudir a su conferencia y, prácticamente, someterse a su dinámica de réplica. Declaró que quienes publican notas críticas “desde la computadora de su casa” sólo responden a intereses económicos y convenios externos, sugiriendo que hay financiamiento detrás del periodismo que lo incomoda.

En su intervención, el asesor jurídico del municipio, Gilberto Múzquiz, reforzó la narrativa del alcalde. Afirmó que el embargo “no afecta absolutamente nada” en la operatividad del Ayuntamiento, puesto que —según dijo— el municipio ya había depositado casi 23 millones de pesos ante el Tribunal cuando anunció la desaparición del sindicato. Restó importancia a la orden del 9 de diciembre y la calificó como un trámite derivado del propio amparo promovido por la administración.

Múzquiz fue más allá al insinuar que hay “grupos de poder” influyendo en la rapidez con que el Tribunal dictó acuerdos, comparando estos tiempos con los largos periodos que suelen enfrentar los ciudadanos comunes en procesos laborales. Además, acusó a ciertos medios de celebrar el embargo con “bombo y platillo”, sugiriendo que existe un interés por desestabilizar al gobierno municipal y evitar que la ciudadanía reconozca los supuestos logros que —afirmó— serán mostrados en el informe del alcalde.

Sin embargo, frente a las acusaciones y la estrategia discursiva del Ayuntamiento, la realidad jurídica permanece firme: el Tribunal ordenó asegurar los recursos para garantizar la subsistencia de los trabajadores, y el proceso sigue su curso independientemente de los señalamientos políticos. Mientras la administración intenta desplazar la atención hacia una confrontación mediática, el fondo del conflicto sigue sin resolverse: un manejo cuestionado del caso sindical que ha desembocado en decisiones judiciales adversas y un ambiente de tensión creciente entre gobierno, trabajadores y prensa.

En un municipio donde la transparencia debería ser la vía para disipar dudas, el Ayuntamiento optó por convertir una obligación legal en un enfrentamiento público. Y mientras los discursos se endurecen, el embargo sigue vigente y las preguntas sustanciales continúan sin respuesta.