Aprueban Ley de la Guardia Nacional; se fortalece su poder y crecen señalamientos por militarización
Con 349 votos a favor y 132 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley de la Guardia Nacional, que establece su transferencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y le otorga nuevas facultades en tareas de inteligencia, operaciones encubiertas e incluso intervención de comunicaciones privadas.
El dictamen, que generó un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas, fue respaldado por la mayoría de Morena y sus aliados, mientras que las bancadas de oposición denunciaron un avance preocupante hacia la militarización de la seguridad pública y advirtieron sobre el riesgo de que se normalicen prácticas de vigilancia y espionaje.
Durante la sesión, se presentaron 170 reservas para la discusión en lo particular, reflejando el alto nivel de controversia que ha generado esta legislación.
Desde la tribuna, el diputado morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, defendió el dictamen señalando que “las funciones que establece la nueva Ley de la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil”, ya que responden a una estrategia nacional de seguridad pública elaborada por la SSPC y aprobada por el Senado.
Sin embargo, el diputado panista Guillermo Anaya criticó duramente la iniciativa, calificándola como una “ley espía”. “La seguridad no se construye desde los cuarteles militares, sino con policías de proximidad y con rostro humano. Nos oponemos a una vigilancia masiva que atente contra los derechos de los ciudadanos”, expresó.
Por su parte, el legislador petista Ricardo Mejía acusó a la oposición de hipocresía y defendió la actuación de las fuerzas armadas: “Critican a la Guardia Nacional de día y le suplican de noche que les cuiden sus municipios. Se rasgan las vestiduras en público, pero en privado exigen presencia militar en sus estados”, acusó.
La discusión también fue marcada por la intervención de Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, quien propuso una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones y discutirlo en parlamento abierto. La moción fue rechazada por la mayoría. “Militarizar la seguridad pública ya es grave, pero militarizar la vida pública del país es un paso que ni el PRI en sus mejores tiempos se habría atrevido a dar”, advirtió.
La aprobación de esta nueva ley representa un cambio profundo en la estructura y operación de la Guardia Nacional, al tiempo que aviva el debate nacional sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas civiles y la protección de los derechos ciudadanos en materia de privacidad y vigilancia.
