Aprueban Ejército en calles hasta 2028
El Pleno de San Lázaro aprobó la reforma que extiende la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, pero redujo de 10 a nueve años el lapso en el que el Presidente de la República podrá hacer un uso extraordinario de la Fuerza Armada permanente.
Con 335 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI, 152 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados avaló con cambios el dictamen que modifica el artículo quinto transitorio de la Constitución para extender al 30 de marzo de 2028 la presencia del Ejército en las calles y crear una comisión bicameral que dará seguimiento a la implementación de la reforma.
El dictamen aprobado ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales ampliaba el plazo 10 años y establecía la obligación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de rendir un informe en cada periodo de sesiones sobre el avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de los estados y los municipios.
Sin embargo, el pleno aprobó dos reservas presentadas por el PT. Una de ellas para reducir de 10 a nueve años el periodo en el que el Presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad y con ello regresar a la redacción originalmente propuesta por la priista Yolanda de la Torre.
La segunda, presentada por la petista Magdalena del Socorro Núñez Monreal para establecer que quien deberá rendir este informe será el Sistema Nacional de Seguridad Pública y no el Secretariado Ejecutivo.
Durante la discusión de casi nueve horas, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, reiteró que la reforma militariza al País y la calificó como obsoleta e inútil, porque la extensión para el despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio tendría que discutirse en 2024, como lo establece actualmente el quinto transitorio constitucional, y a partir de un diagnóstico sobre lo que sucede en el País en materia de seguridad nacional.
El panista calificó como incongruente la posición de la mayoría en San Lázaro, porque por un lado argumentan que la reforma es necesaria ante los malos resultados que en seguridad heredaron los Gobiernos anteriores, pero, por otro lado, en la actual Administración participan aquellos funcionarios a quienes acusan de dicho fracaso.
Como ejemplo, recordó que Alfonso Durazo, ex secretario particular de Vicente Fox fue Secretario de Seguridad en este Gobierno y actualmente es Gobernador de Sonora.
Indicó que a Alejandro Gertz Manero, ex Secretario de Seguridad Pública con Fox, este Gobierno lo hizo Fiscal General de la República, mientras que José Rafael Ojeda, actual Secretario de la Marina fue jefe de la Zona Nava de Guerrero durante los acontecimientos de Ayotzinapa, lo mismo que Omar García Harfuch, ex titular de la Policía Federal en Guerrero y actual Secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
Triana recordó también que el titular del Consejo de Seguridad con Enrique Peña Nieto, Renato Sales, hoy es Fiscal de Campeche y al ex presidente nacional del PAN durante las elecciones de 2006, Manuel Espino, lo hicieron Comisionado de Servicios de Protección Federal.
«No creo que la seguridad estuviera tan mal, porque hoy están llenos de funcionarios de los Gobiernos que dicen repudiar y a quienes culpan de su fracaso en materia de seguridad pública», reiteró.
El perredista Marcelino Castañeda demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que asuma su responsabilidad en materia de seguridad, porque lo que está en juego es la vida de las y los mexicanos.
«Usted y sólo usted es responsable de los incendios, los disturbios, los ataques a negocios, el regenteo a los particulares, así como el cobro de piso que se ha desbordado debido a su ineptitud o a su complicidad o a su miedo», dijo.
Castañeda afirmó que con esta reforma se pretende meter al País en un Estado opresor y anunció que, de ser necesario, impugnarán la reforma constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«Seguiremos defendiendo desde la tribuna, ante la Corte, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, defenderemos la democracia hasta el último suspiro de nuestras vidas la democracia de nuestra nación, no permitiremos que ustedes la mancillen, cobardes, miserables», expresó.
El emecista Sergio Barrera acusó al Gobierno federal de lavarse las manos ante su obligación de pacificar al País, al dejarle esa obligación al Ejército.
Barrera afirmó que la reforma altera la vida democrática del País, porque rompe el acuerdo del Constituyente en materia de seguridad pública, que consiste en contar con un modelo civil que garantice los derechos humanos, los principios democráticos y el debido proceso.
«El día de hoy es un día desafortunado para la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados -destaco aquí a su flamante, cínico e impresentable nuevo aliado, el PRI- están por cometer la mayor embiste a nuestra Constitución desde que fue promulgada», aseguró.
La reforma fue turnada al Senado de la República para su discusión y votación.
Con información de Reforma
