Acorralan a Jacobo por presunto fraude en Múzquiz

Por: Kevin Liñán | Piedras Negras, Coah.- Las acusaciones contra el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, escalaron nuevamente este jueves luego de que la exsecretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, difundiera un mensaje en redes sociales en el que lo señala directamente de formar parte de un presunto esquema de irregularidades durante la administración municipal de ese municipio. En su publicación, rechazó ser «mercenaria de nadie» y sostuvo que cuenta con pruebas que, según afirmó, ya fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción.

Escalera aseguró que la empresa AIKIN, presuntamente representada por un hermano de Jacobo Rodríguez, facturó más de 31.5 millones de pesos al Ayuntamiento de Múzquiz sin haber ejecutado una sola obra pública. De acuerdo con su versión, los trabajos eran realizados por personal y maquinaria del propio municipio, mientras que la empresa únicamente emitía las facturas, inflando además los costos de las obras. La exfuncionaria afirmó que esa información forma parte de las denuncias que presentó ante las autoridades investigadoras.

La exsecretaria también revivió los señalamientos relacionados con la compraventa de patrullas municipales, al asegurar que las unidades fueron vendidas por 650 mil pesos, incluyendo equipo valuado en 250 mil pesos, y posteriormente recompradas apenas tres meses después por 500 mil pesos cada una. Escalera calificó estas operaciones como un fraude contra las finanzas públicas y reiteró que la empresa señalada tendría como domicilio fiscal la vivienda del padre del alcalde nigropetense, además de insistir en que la población de Múzquiz «tiene memoria» sobre esos hechos.

Las nuevas acusaciones vuelven a colocar a Jacobo Rodríguez en el centro de la polémica en medio de una administración marcada por cuestionamientos sobre transparencia, manejo de recursos públicos y decisiones administrativas. Aunque hasta el momento el edil no ha respondido puntualmente a cada uno de los señalamientos formulados por la exfuncionaria, la gravedad de las imputaciones incrementa la presión para que las autoridades competentes esclarezcan si existieron actos de corrupción o posibles daños al erario, más allá del intercambio de descalificaciones en redes sociales.